A continuación presento un extracto del libro Poderes Fácticos y Sistema Político, escrito por Victor Meza et al.*

En cualquier caso, es la cercanía o lejanía respecto al Estado y sus resortes de poder lo que determina, en última instancia, la suerte de las inversiones. El Estado no arbitra, sino que toma partido, dependiendo de los intereses y protagonistas en pugna.

Un ejemplo: el mercado nacional cementero lo monopolizan Cementos del Norte, S.A. (cuyos principales socios son las familias Rosenthal, Goldstein e inversionistas de Guatemala y Suiza) y la Industria Cementera Hondureña, S.A. -Incehsa- (cuyo mayor accionista es la transnacional francesa Lafarge).

La historia de ambas empresas está ligada al usufructo del Estado. Cementos de Honduras fue adquirida por Rosenthal y Goldstein durante el proceso de privatización impulsado al inicio de los años 90, mientras que Incehsa fue propiedad del Instituto de Previsión Militar (en la época de la cual las Fuerzas Armadas eran uno de los principales consorcios empresariales del país) antes de ser adquirida por capital francés.

Las dos compañías cementeras se reparten el mercado, trazando una línea horizontal que corta en dos al país a partir del central departamento de Comayagua. Cada uno en su zona impone sus condiciones a los consumidores. Ese es un acuerdo tácito entre los productores de cemento y el Ministerio de Economía. El Estado no existe como regulador, ni siquiera como mediador. El papel que le han asignado al Estado quienes ya lo dominan se puso a prueba a partir de octubre de 2003 cuando la empresa Cemento América -Cemar- inició la producción de su planta procesadora de clinker en la zona sur de Honduras (San Lorenzo, Valle) orientada al abastecimiento de la demanda centro-sur.

Un año después, a fines de 2004, la empresa, de capital japonés (Taiheiyo Cement), de EEUU (Cerna) y nicaragüense, cerró operaciones. ¿Qué ocurrió en apenas once meses que abortó una inversión superior a los 30 millones de dólares? Cuando inició la producción, Cemar introdujo al mercado su marca «Cemento Uno«, a un costo de tres lempiras menor que la competencia, favoreciendo a los consumidores. Ello generó la réplica inmediata de Incehsa, que respondió con una guerra de precios respaldada por Cementos del Norte. Era claro que las dos empresas posicionadas del mercado se pusieron de acuerdo para sacar a la advenediza, la tercera en discordia.

De manera acelerada, el costo al consumidor de la bolsa de cemento gris de 42.5 kilogramos bajó de 80 a 45 lempiras en los departamentos de Choluteca, Valle y Francisco Morazán. En poco tiempo, el precio por bolsa era 25 lempiras menor que el costo de producción de Cemar. Ninguno de los llamamientos al Ministerio de Economía para que interviniera y pusiera orden en la «guerra comercial» fue atendido. El reclamo de Cemar contra la competencia desleal llegó hasta el propio presidente Ricardo Maduro (2002-2006), sin tener respuesta afirmativa. Ni siquiera las presiones diplomáticas internacionales cambiaron el equilibrio interno de fuerzas.

En agosto de 2004 la operación asfixia tuvo éxito y Cemar anunció cierre de operaciones. De manera inmediata, el precio de la bolsa de cemento gris revirtió la tendencia anterior y comenzó una escalada que compensó a sus productores la «pérdida» que habían tenido que soportar mientras duró el conflicto comercial. De nuevo, el Ministerio de Economía guardó silencio pese a que la Constitución de la República le ordena defender a los intereses de los consumidores. Pero el asunto no terminó ahí. Luego de que la revancha incluyó la compra de acciones de Cemar por Incehsa, el siguiente paso fue castigar a todos los vendedores al detalle -ferreterías- que habían comercializado Cemento Uno.

De manera arbitraria se elaboró una lista negra consignando los nombres de quienes no serían abastecidos con cemento «Piedra Azul» (Incehsa), pese a que vender cemento al detalle es más un servicio que un negocio puesto que la ganancia promedio apenas ronda los dos lempiras por bolsa. Ante esa violación a cualquier código de comercio tampoco actuó el gobierno. ¿Era un asunto de interés privado o de interés público?

Dos años después, ante nuevos aumentos en el precio del cemento, sin consulta o concertación previa con las autoridades gubernamentales, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos⁷ se refirió al tema advirtiendo que el control monopólico del precio del cemento alejaba las posibilidades para que la gente de escasos recursos tenga acceso a una vivienda digna. La crítica señala que aumentar los privilegios de un sector empresarial termina afectando los derechos básicos de un sector social mayoritario. El Comisionado tampoco obtuvo respuesta oficial a su planteamiento. En definitiva: ¿Cuál libre mercado y cuál sana competencia?

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* Páginas 223-225. El autor del artículo de donde fue extraído este texto es Manuel Torres Calderón. La editorial de este libro es el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH)

⁷ Ramón Custodio, CONADEH, 13 Noviembre 2006