Por Omar Edgardo Rivera
Algunos le tienen miedo a la Cuarta Urna, porque –como ellos mismos lo dicen- “saben como todo iniciará, pero no, como terminará”; y les causa pánico pensar que pueden perder privilegios, canonjías ancestrales y cuotas de poder. Y como siempre han pertenecido a esas bandas que controlan el “Poder”, no admiten, ni la más remota posibilidad, que el mismo regrese al Soberano.
La revisión exhaustiva de la Carta Magna, y su posible modificación parcial o total, genera dudas por lo impredecible que resultaría que un Poder Constituyente, democráticamente designado, tomara decisiones que convirtieran a nuestra Constitución en un instrumento jurídico sencillo y efectivo.
Porque para ellos, el Soberano no es el Pueblo; ellos prefieren tener como máxima autoridad al Monarca o al Faraón; porque estos últimos reparten dividendos del botín estatal, y cuando alguien recibe su pedazo del pastel, se siente cómodo y feliz, satisfecho, aun y cuando el mismo se saboree en medio de la miseria y la exclusión.
Porque quien tiene una parte del pastel judicial, o goza de la protección del Fiscal de turno, no ve la necesidad de un cambio radical en la forma en la cual se seleccionan a los operadores de justicia; asimismo, quien manipula elecciones, se beneficia de la Plancha o el Arrastre, y restringe la participación de los independientes en los procesos electorales, no le parece prudente ir a una consulta popular en la cual se puede precisar con exactitud la obligatoriedad de los distritos electorales para seleccionar diputados, o que es inconstitucional cualquier obstáculo que se imponga –en una norma secundaria- al goce de los derechos políticos y a la participación electiva.
De igual forma, el que se beneficia de un gobierno centralizado, no admite la posibilidad de descentralizar el poder a los gobiernos locales, ni de modificar la división política del país, mancomunar localidades, ni crear una instancia regional o departamental que garantice la gobernabilidad en los territorios.
Los favorecidos de regímenes laborales privilegiados en el sector público, no quieren un cambio que los convierta en burócratas comunes y corrientes, ni desean la constitucionalización de la obligatoriedad que todo cargo público deba ser sometido a concurso y a la profesionalización de la función gubernamental.
Claro que causa espanto para muchos, la sola posibilidad de pensar en eliminar las Fuerzas Armadas, y crear –en sustitución de ellas- una milicia de reservistas que garantice la preparación de la ciudadanía para atender el llamado del Estado en tiempos de Guerra, y el fortalecimiento de una eficiente Fuerza de Seguridad Fronteriza; pensar en eliminar al Ejercito, y trasladar todo el recurso logístico y humano de las Fuerzas Armadas al área social, causa nauseas y mareos en algunos oficiales.
¿Que tal la implementación del seguro social universal, y una disposición constitucional que garantice una Acción Afirmativa para personas con retos especiales, indígenas y negros, adultos mayores, niños, jóvenes y mujeres?
Muchos lanzarían el grito al cielo si, mediante una consulta popular, se aprobara la separación de fechas de elecciones presidenciales, municipales y legislativas, o se pensara en aprobar la reelección presidencial inmediata o alterna, y se eliminaran las variadas restricciones para que los ciudadanos aspiren a la Presidencia de la República y a otros cargos de elección.
Pensar en convertir al Presidente del Congreso Nacional en un experto parlamentario, y darle mayor poder a las facciones parlamentarias representadas en el Poder Legislativo, sería un significativo avance en el propósito de debilitar las figuras que concentrar poder y recursos; seguro que muchos desearían votar a favor de una medida de este tipo en un Plebiscito.
En fin, abriéndose la posibilidad de revisar la Constitución de la República, aun en los denominados artículos pétreos, el mercado de las ideas sería dinámico y enorme; porque no hay duda que darle la oportunidad al Pueblo de expresarse e incidir directamente en la toma de decisiones de la Nación, enaltecería a nuestra Democracia y fortalecería el incipiente Estado de Derecho con el que contamos.
El Pueblo tiene el derecho a manifestarse, así lo establece nuestra actual Carta Magna, y como dice Rodolfo Pastor Fasquelle: ¿Quién tiene el derecho de impedirlo?
Tegucigalpa, MDC – 20 de marzo de 2009
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