Aquí en Honduras es sabido que para que los reclamos de las clases populares sean atendidos es necesario utilizar la presión por medio de suspensión de labores, «asambleas informativas» y tomas de carreteras.

Esto sería innecesario si los gobiernos estuvieran atentos a las necesidades de la población, pero como no es así hay que recurrir a medidas excepcionales.

Y cuando se toman estas medidas siempre salen los funcionarios estatales oponiéndose en nombre del bien común. Se dice que los manifestantes son los que no razonan, por que el gobierno siempre ha estado anuente al diálogo.

Pero podríamos esperar a la venida de Cristo para que se cumplan nuestras peticiones sin recibir nada, si solo nos atenemos a la buena voluntad de los gobernantes. Hay que presionarlos.

Las tomas de carreteres perjudican a la economía, nos dicen. Recientemente el ministro de Defensa, Arístides Mejía, calculó que «se le está propinando al país un daño de aproximadamente 500 millones de lempiras diarios» en las manifestaciones del lunes.

Por su parte, el coordinador del Bloque Popular, Carlos H. Reyes opina que «las molestias que provocan las movilizaciones son ínfimas en relación a los crímenes que ocasionan los políticos, empresarios y las transnacionales».

La violencia que ejerce el gobierno sobre la población es estructural y sistematizada, y tiene el respaldo de la ley y el aparato estatal. Los burgueses en pocas ocasiones acuden a las calles para defender sus intereses. Por eso es que los manifestantes dan la impresión de ser delincuentes, aunque sus reclamos y acciones se apeguen a una concepción amplia de la justicia. El Estado considera como delincuente al que desafíe sus leyes, aunque sus leyes legitimen la depredación de los más débiles.