Anteayer me saqué un susto con la cadena nacional de radio y televisión.
Y con toda esta bulla de la cuarta urna, el solo ver una cadena nacional tiene el poder de ponerme nervioso. Ya me imagino al excelentísimo señor presidente de las grandes ideas decretando un estado de facto, y suspendiendo las leyes existentes hasta nuevo aviso.
Cuando dijo que quedaban suspendida la garantía constitucional de la privacidad en las comunicaciones salté de indignación. Como se le ocurre traer la dictadura a mi bello país. Y más cuando dijo que iban a pedirle el nombre a los que visitamos los cybercafés, y que para salir y entrar de una ciudad hay que reportarse con la policía.
Dictatorial, abusivo, traído de los cabellos.
Pero los hondureños en su mayoría estaban más pendientes del partido entre Honduras y Mexico que en proteger la libertad y la democracia. Ya me imagino este escenario: después de ganar un partido de fútbol, los hondureños no se dan cuenta que están en un estado de facto hasta que pasa una semana. Insensatez. Ceguera deportiva. Pésima asignación de prioridades.
Los hondureños, que están acostumbrados a gozar de una relativa libertad, no se dan cuenta del peligro que un estado dictatorial implica. Por eso muchos siguen en estado de apatía. Hay personas a las que les menciono estos asuntos, y solo se encogen de hombros y me dicen que hago estas acusaciones por que soy nacionalista y le tengo inquina al Partido Liberal.
Craso error. No quiero vivir en una dictadura, y no me importa de qué color sea: Azul, roja, verde o morada. No tiene caso recordar la dictadura de Carías, cuando lo que nos interesa es nuestra libertad ahora.
Todavía con cierta inquietud, en la mañana de ayer, la comparecencia del ministro Jorge Rodas Gamero en el programa «Frente a Frente» me disipó algunas dudas.
Resulta que nuestras conversaciones telefónicas ya están siendo grabadas desde hace tiempo, pero que afortunadamente no están disponibles al alcance de cualquiera, y que la policía debe de realizar un proceso con las compañías celulares para obtener ciertas grabaciones con el fin de perseguir a ciertos delincuentes. Lo que se busca es crear un proceso más expedito para capturar más rápidamente a los criminales. El gobierno no pretende poner su oído en todas las conversaciones de los ciudadanos.
De todos modos, aunque pretendan violar nuestro Estado de Derecho y desafiar la ley y la Constitución, el gobierno tiene limitaciones prácticas. Simplemente, la policía y el ejército no puede estar en todas partes. Debe de establecer prioridades, y no puede estar persiguiendo a los ciudadanos honestos cuando debería de estar persiguiendo a los criminales. Toda dictadura tiene límites.
No creo que el gobierno pueda espiar todas las telecomunicaciones, aunque quiera. Le faltan oídos. Un estado policial no se crea de la noche a la mañana.
Tal vez la intención del gobierno sea sana, y uno se apresura a ver conspiraciones dictatoriales donde no las hay, fruto del bombardeo mediático de los intereses pitiyanquis.
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Ilegales e impracticables las medidas del Ejecutivo