Zelaya quería imponer una constitución por la fuerza, había que sacarlo por medio de la fuerza.

Después de haber condenado brevemente el golpe de Estado en Honduras, dí un pie atrás y dije que no era golpe.

No soy un experto en leyes, pero en un asunto como este no es fácil solo ser analítico y dejar de tomar partido. Siempre fui crítico de Zelaya, y era natural que considerara positivo su derrocamiento.

Sin embargo, después de pasado algún tiempo, y examinar los argumentos con más calma, tengo que reconocer que no terminan de convencerme los que dicen que no hubo golpe de Estado, sino una sucesión constitucional.

Es cierto que al faltar al presidente de la República, le corresponde al presidente del Congreso asumir el cargo. En este caso le tocaba a Roberto Micheletti. Sin embargo, para que Micheletti asumiera Manuel Zelaya tendría que estar inhabilitado.

¿Estaba Zelaya inhabilitado? Manuel Zelaya había recibido una orden de captura para ponerlo a la orden de los tribunales. En vez de eso, los militares decidieron sacarlo del país para evitar un baño de sangre. El Congreso decidió destituir a Zelaya, y nombrar a Micheletti como presidente. Pero el Congreso no tiene la facultad de destituir a un presidente.

Zelaya tendría que haber sido juzgado y condenado para quedar inhabilitado, y que luego pudiera asumir Micheletti. (Recordemos que la ley presume la inocencia de un ciudadano mientras no se pruebe lo contrario). Esto no sucedió.

Como Micheletti asumió un cargo que no le correspondía, él es un usurpador, y puede ser juzgado por tal. También incurren en responsabilidad todos los diputados que votaron para destituir a Zelaya y nombrar a Micheletti como presidente, al igual que los ministros nombrados en este gobierno.

Esto es un golpe, señores. No se puede tapar el sol con un dedo. Micheletti habla de hacer una «ofensiva diplomática» para convencer a otros gobiernos de que no hubo golpe, pero no puede ni convencer a sus propios ciudadanos.

Los que defienden el golpe dicen defender la democracia y la legalidad deben de avergonzarse, por que la destitución de Manuel Zelaya fue ilegal. No se puede defender la legalidad cometiendo ilegalidades. No se puede aplicar la ley en forma selectiva, si le aplica la ley a Zelaya y a sus cuatreros, debe de aplicarse la ley contra Micheletti y sus ministros.

Para defender la destitución de Zelaya se suele invocar el artículo 239 de la Constitución, que dice que los que propongan reformar la alternabilidad en el cargo presidencial cesan inmediatamente en sus cargos.

Pero el problema es que Zelaya nunca dijo abiertamente que él se proponía legalizar la reelección, aunque todos lo sospechábamos. Una sospecha, por muy fundada que esté, no era motivo para considerar a Zelaya removido en su cargo.

No hay vuelta de hoja, Zelaya fue sustituido en forma ilegal. Esto fue un golpe de Estado. Y no importa que el poder esté en manos de civiles y los tres poderes funcionen normalmente, porque se ha roto el orden constitucional.

Sin embargo, ha pesar de estas valoraciones. Todavía considero lo sucedido el 28 de junio como algo positivo. No había alternativa que hacer lo que se hizo, a pesar de la condena internacional.

Y es que Zelaya tenía planeado su propio golpe de Estado.

La encuesta que se celebraría el 28 de junio, y que era supuestamente no vinculante, en realidad sí lo era. Un decreto de la Gaceta del 25 de junio cambiaba las reglas del juego. Aunque el decreto tenía fecha del 25 de junio, no se imprimió hasta cerca de la medianoche del sábado 27 de junio, justo antes de la encuesta. En este decreto se decía que la encuesta era una Convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente.

Es obvio que esto se había mantenido oculto para iniciar acciones judiciales en contra. El siguiente paso era convocar una Asamblea Nacional Constituyente y disolver el Congreso. La asamblea constituyente cambiaría la constitución actual por una más acorde con el socialismo del siglo XXI promovido por Hugo Chávez. La elecciones se aplazarían indefinidamente y Zelaya continuaría la presidencia.

Era de esperarse que la Asamblea Nacional Constituyente fuera convocada el mismo día 28, y disuelto el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Para impedir que esto sucediera había que tomar una decisión rápida. No había tiempo para largos procedimientos legales, por que Zelaya estaba dispuesto a saltarse todas las leyes.

Zelaya quería imponer una constitución por la fuerza, había que sacarlo por medio de la fuerza.

Se puede argumentar que estos solo son supuestos, y que había que esperar que Zelaya intentara convocar la Constituyente para enjuiciarlo. Lo cual está muy bien… teóricamente, pero no podíamos quedarnos cruzados de brazos viéndo como nos quitaban el país de las manos. Cuando hay una revolución las formalidades legales no tienen ningún valor. Había que recurrir a la fuerza.

A pesar de que no se siguieron los formalismos legales necesarios, se protegió el espíritu de la Constitución, que le pone un candado a las aspiraciones continuistas de los tiranos. El golpe de Estado contra Zelaya es en realidad un rescate de la institucionalidad. Había que violar la ley para que se mantuviera el imperio de la ley.

Era necesario escoger el mal menor. Es mejor ser golpista que traidor a la patria.