En su informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la CIDH aseguró que al menos cuatro personas pudieron haber sido asesinadas por agentes del Estado, que la mayoría de las manifestaciones a favor del depuesto gobierno fueron pacíficas, y que la policía y el ejército utilizó fuerza excesiva contra los manifestantes. Aseguran que los militares tienen una injerencia indebida en diversos ámbitos de la sociedad, que los toques de queda decretados fueron arbitrarios, que hubieron detenciones ilegales, que no hay suficiente libertad de expresión, etc.

Se insistió que lo sucedido el 28 de junio fue un golpe de Estado, y que por lo tanto el actual gobierno de Honduras es un gobierno de facto.

Se espera que el informe completo tarde algunas semanas en presentarse.

En la parte de las preguntas y respuestas después de la presentación del informe se dejó claro que la misión de la Comisión es examinar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Es por esta razón que no se le prestó atención a las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de los manifestantes zelayistas. Sin embargo, se insistió que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, y que si hubo daños a la propiedad y actos de vandalismo estos fueron realizados por «particulares».

Dijeron condenar la violencia causada por los manifestantes, pero que esta no justifica la violación de los derechos humanos de estos.

A la pregunta sobre la violación del derecho a la educación por parte de los maestros que apoyan el retorno de Zelaya al poder, Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión, opinó que este problema se da por «el cierre de los espacios de debate democrático».

La Comisión estaba prejuiciada

Se percibe que el verdadero objetivo de la Comisión es el de perjudicar la imagen del Estado de Honduras acusándolo injustamente de violaciones a los derechos humanos. Esto se puede apreciar por las preguntas que anteriormente le habían hecho a la policía, al ejército y al Congreso. Los partidarios de Zelaya se encargaron de desinformar a la Comisión con burdas mentiras que fueron desvirtuadas por las instituciones del Estado.

A pesar de este prejuicio evidente, algunas de las mentiras más torpes tuvieron que ser descartadas, estableciendo el número de víctimas mortales posiblemente a cargo de agentes del Estado a solo cuatro personas, en contraste con las decenas o centenares de muertos y desaparecidos denunciados por los partidarios de Zelaya en el extranjero.

La opinión de la Comisión sobre los hechos estaba condicionada al supuesto de que lo sucedido en Honduras el 28 de junio fue un golpe de Estado, y que por lo tanto las acciones del nuevo gobierno carecen del fundamento de la legitimidad. No es de extrañar entonces que consideren que el toque de queda decretado por el nuevo gobierno se haya aplicado en forma arbitraria.

No es de extrañar que piensen que, debido al golpe de Estado, cualquier acción represiva de los agentes del Estado debe verse como algo ilegítimo y violatorio de los derechos humanos; que cualquier uso de fuerza por parte de agentes del Estado tiene que ser necesariamente excesivo.

Tampoco se molestan en explicar que entienden por «uso excesivo de la fuerza». La policía asegura que el manejo de manifestaciones se hace de acuerdo a procedimientos establecidos en manuales de las Naciones Unidas.

El sesgo en contra de Honduras es inevitable

Debido a que se considera que hubo un golpe de Estado, la Comisión se parcializó a favor de una visión negativa de la actuación del Estado en materia de derechos humanos. Por eso se inclina a pensar que las cuatro muertes que reporta de las manifestaciones son probablemente responsabilidad de agentes del Estado. Obsérvese que a esta afirmación se puede responder que «probablemente no lo sean». Es conocida la táctica de ciertos grupos de izquierda radicales de crear mártires asesinando a sus seguidores para favorecer a su causa, y luego responsabilizar a la parte contraria.

Oficialmente solo se reportan tres muertos en las manifestaciones, cuyos casos están siendo investigados. La Comisión no puede alegar que existe una política del Estado de ocultar información o de asesinar a partidarios de Zelaya.

No hay un contexto adecuado en la crítica

La Comisión permaneció cinco días en el país recibiendo denuncias, sin tener el tiempo para investigar las denuncias en forma exhaustiva. La Comisión desconoce como se manejó la situación de los derechos humanos antes del 28 de junio, por lo que es incapaz de hacer comparaciones entre la represión del Estado antes y después de esta fecha. Por lo tanto, cualquier problema en materia de derechos humanos es magnificado y se presenta como resultado del supuesto golpe de Estado.

La Comisión debe de saber que también en el gobierno de Zelaya se reprimía a los manifestantes cuando se consideraba oportuno, y que la colaboración de los militares con la policía para mantener el orden público no es algo nuevo.

La Comisión debería de establecer comparaciones de la situación de los derechos humanos en Honduras con la de otros países. Difícilmente se puede afirmar que la represión de manifestantes es un problema exclusivo de Honduras.

¿Manifestaciones pacíficas?

La Comisión asegura que solo cuando se quemó el bus y el restaurante de comida rápida se incurrió en violencia en una manifestación pro-Zelaya. Lo cual demuestra lo desinformada y parcializada que está la Comisión. Desde el momento en que se impide completamente el acceso a una vía pública y se amenaza con utilizar la violencia a los que deseen circular por ella se puede afirmar que una manifestación no es pacífica.

Los manifestantes pro-Zelaya han dañado la propiedad muchas veces en sus manifestaciones. Ellos consideran que tienen el derecho de manchar las paredes con us ofensivas consignas, y se ensañan especialmente contra los restaurantes de comida rápida, a los que les quiebran los vidrios con piedras y patadas, llegándose al extremo de incendiar uno (el restaurante de Popeye’s de Miraflores en Tegucigalpa).

Muchos periodistas han sido víctimas de la agresión de las turbas pro-Zelaya. Han sido golpeados y amenazados, y el equipo con que operan se les ha destruido.

No pueden ser pacíficos los manifestantes que cargan piedras, palos y cocteles molotov con la intención premeditada de hacer daño. Se nota que hay un esfuerzo sistemático organizado para producir temor en la sociedad por medio de acciones violentas. Pero la Comisión insiste en que los actos de vandalismo son hechos aislados realizados por «particulares».

Libertad de Expresión

Hay violaciones de la libertad de expresión mucho más graves en algunos países que nos condenan por haber realizado un «golpe de Estado», como Venezuela y Ecuador. Mientras que en Honduras se cerraron temporalmente algunos medios de comunicación desde el 28 de junio, en Venezuela se están cerrando en forma permanente muchos medios de comunicación de la oposición.

El bloqueo de los medios de comunicación en la mañana del 28 de junio, y los cortes de energía eléctrica ese día, sirvieron para evitar un clima de mayor crispación y violencia durante esos momentos críticos. Se actuo con responsabilidad para evitar daños mayores a la vida y la propiedad de las personas.

Hay que recordar que durante la mañana del 28 de junio había un vacío de poder, ya que Zelaya fue sacado del país por los militares, pero Micheletti asumió como presidente después del mediodía. Los que tomaron desiciones del Estado en materia de seguridad en esos delicados momentos fueron los juzgados y oficiales militares.

No es cierto que en Honduras no se respete la libertad de expresión. Actualmente no existe ningún medio de comunicación cerrado por asuntos políticos, aunque hay unos pocos medios que por sus llamados a desconocer al actual gobierno pueden considerarse culpables del delito de sedición.

Debe reconocerse que en comparación con otros cambios bruscos de presidentes que pueden calificarse fácilmente de golpes de Estado, la sucesión presidencial en Honduras se dio sin derramamiento de sangre y conservando intacto el funcionamiento de las instituciones del aparato estatal; que el definir oficialmente si se dio un golpe de Estado o no, le corresponde al Poder Judicial, el cual ya se ha pronunciado a favor de la tesis de que la sucesión presidencial es legítima.

Opino que la presentación de un informe preliminar por parte de la comisión fue una acción irresponsable. Se perjudica la imagen del Estado de Honduras sin que este pueda responder en forma apropiada, ya que las acusaciones se hacen en forma genérica y sin presentar pruebas. Para cuando se presente el informe oficial, el daño a la imagen del Estado de Honduras será difícil de reparar.

Hay que enfatizar que el informe de la Comisión es sesgado, necesariamente incompleto y parcializado, y que carece de valor jurídico para condenar al Estado de Honduras.