Después de 7 gobiernos civiles consecutivos, cuando se creían extinguidos los fantasmas de los golpes de Estado militares, el mundo se enteró que el 28 de junio el presidente Manuel Zelaya había sido capturado por unos militares y enviado en avión a Costa Rica.

La condena a esta acción fue inmediata y universal en la comunidad internacional, y se catalogó como un golpe de Estado.

En ese día del 28 de junio, en horas del mediodía, el Congreso Nacional decidió improbar la conducta del presidente Zelaya, destituyéndolo, y procediendo a juramentar como presidente de la República al señor Roberto Micheletti, que hasta ese momento se había desempeñado como presidente del Congreso Nacional, y a quien correspondía completar el período de cuatro años que le correspondía a Zelaya, según el orden de sucesión que establece el artículo 242 de la Constitución.

Prejuicio en el exterior

Contrario a la mayoritaria opinión negativa en el exterior, la destitución del presidente Zelaya tuvo un amplio apoyo interno en Honduras. Externamente se creía que el «golpe» era impopular, por que no se imaginaban otra reacción posible.

Esta diferencia de percepciones se debió a una intensa campaña de desinformación de la prensa internacional —en la que pusieron especial empeño los que tenían tendencias izquierdistas— y al temor de los gobernantes del mundo de ser víctimas de un evento similar.

Honduras, que hasta ese momento había recibido muy poca atención de la prensa internacional, salta abruptamente a la escena mediática con esta expulsión repentina del presidente en funciones; pero como no se le había dado seguimiento a la cadena de eventos que llevaron a la expulsión de Zelaya, se pensó que la crisis política había empezado el 28 de junio, y se desestimaron los antecedentes que condujeron a tomar la difícil decisión del Congreso Nacional, y el marco legal que la justificaba.

Se trató de hacer encajar lo sucedido dentro del marco del clásico golpe de Estado militar, por que no se le podía concebir de otra manera. Las reacciones que se dieron desde el primer momento fueron viscerales, no hubo espacio a la reflexión. Pero ese consenso internacional basado en la desinformación y en las reacciones viscerales generó una rigidez en la postura de los distintos países que no permitió el reconocimiento del gobierno interino de Micheletti.

Nadie niega en Honduras que el procedimiento que se utilizó para expulsar a Zelaya del país fue ilegal. Sin embargo, la comisión de delitos dentro de un Estado de Derecho no implica el rompimiento de éste. El orden constitucional no se rompió en Honduras, por que continuaron funcionando los tres poderes del Estado dentro del mismo orden legal, lo único que cambió fue la titularidad del Poder Ejecutivo, y el cambio de gabinete de gobierno. El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia siguieron intactos, por lo tanto aquí no hubo un golpe de Estado.

Los militares que expulsaron a Zelaya del país recibieron una orden de captura de la Corte Suprema de Justicia para poner a Zelaya a la orden de los tribunales. En Honduras no existe la figura del juicio político, por lo que esta captura del presidente era legal. Las autoridades judiciales tienen la atribución de pedir la contribución de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones. Lo ilegal fue haber expulsado a Zelaya del país en vez de presentarlo a los tribunales.

En una entrevista a un periódico de Miami, el asesor jurídico de las Fuerzas Armadas, el coronel Herberth Bayardo Inestroza, argumentó que se sacó al presidente del país para evitar que se dieran muchas muertes de hondureños.

Este temor estaba justificado, pues Zelaya había asaltado con una turba las instalaciones de la Fuerza Aérea el 25 de junio, lo que puso en peligro la vida de estas personas. Se temía que en un incidente similar el desenlace podía ser fatal, por lo que se decidió sacar a Zelaya del país por motivos humanitarios.

Esta decisión pudo o no haber sido acertada, pero es la decisión que se tomó bajo la presión de las circunstancias del momento.

La orden de captura contra el señor Zelaya fue emitida el 26 de junio, por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

La cuarta urna

El suceso que precipitó esta decision judicial fue un evento electoral que Zelaya pretendía realizar con el fin de derogar la actual Constitución política de Honduras, y cambiar la forma de gobierno.

Primero Zelaya habló de una «cuarta urna» que había que colocar en las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre, donde se elige el presidente, diputados y miembros de cada corporación municipal. Para cada una de estas categorías se coloca una urna, por lo que hay tres urnas donde los ciudadanos depositan sus votos, pero Zelaya quería colocar una cuarta urna donde se le preguntaría a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que aprobara una nueva constitución política.

Para promover esa «cuarta urna» el gobierno de Zelaya realizó una gran ofensiva publicitaria, donde presentaba la idea de que con una nueva constitución se podrían solucionar todos los problemas de Honduras.

Al público no le pasó por desapercibido el hecho de que la idea de Zelaya de derogar la actual Constitución y crear una nueva tenía relación con la estrategia de Hugo Chávez y sus adláteres del ALBA de crear nuevas constituciones para perpetuarse en la presidencia y concentrar el poder en la figura presidencial, creando dictaduras con el barniz democrático de dudosos procesos electorales.

Por eso desde el principio Zelaya enfrentó la oposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, quienes señalaban que el proyecto de la cuarta urna era ilegal. También se opusieron a la cuarta urna la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; así como asociaciones de la sociedad civil, grupos de empresarios y las iglesias católica y evangélicas.

Los únicos que apoyaban la cuarta urna eran ciertos grupos gremiales de sindicatos, especialmente los sindicatos magisteriales. Estos grupos se convirtieron en «resistencia» tras la expulsión de Zelaya del poder.

Zelaya, siendo consciente de que su proyecto de la cuarta urna era ilegal, intentó legitimarlo por medio de un proceso electoral intermedio, por medio de una «consulta popular» que se realizaría el 28 de junio, donde se le preguntaría a la población si estaba de acuerdo con la colocación de una cuarta urna para preguntarle a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que aprobara una nueva constitución política.

Para evadir problemas legales, Zelaya le cambió el nombre al evento de «consulta popular» a simple «encuesta de opinión», pero el sistema de votación propio de un evento electoral se mantendría intacto.

Ese evento electoral fue abortado el 28 de junio, día en que se realizaría la «encuesta», cuando Zelaya fue sacado abruptamente del poder. El día siguiente se informó que la cuarta urna era una farsa, por que el gobierno de Zelaya pretendía convocar inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente, que habría disuelto todos los poderes del Estado.´

Se había descubierto un decreto ejecutivo, publicado en secreto por el periódico oficial La Gaceta el 25 de junio —el cual solo acostumbran a leer profesionales del derecho—, donde se establecía que la citada encuesta convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. La acción de expulsar al señor Zelaya había salvado el orden constitucional en vez de romperlo, pero el mundo no lo entendió así.

En realidad, cuando Zelaya fue expulsado del país, él ya no era presidente de Honduras, en virtud de la inhabilitación automática que plantea el artículo 239 de la Constitución de la República, que hace cesar en su cargo a todo funcionario público que promueva la reelección presidencial, que está terminantemente prohibida en ese artículo. El artículo 239 es un artículo irreformable de la Constitución, en el cual naufragaron las veladas pretensiones continuistas de Zelaya.

Según el informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, Manuel Zelaya, desde las gradas de la casa presidencial, hizo el 25 de junio un llamado público a una Asamblea Nacional Constituyente que aboliera la prohibición de la reelección presidencial. (Ver video en Youtube).

Por lo tanto, la sustitución presidencial que se hizo fue legal, el artículo 239 de la Constitución inhabilitaba a Zelaya y el artículo 242 habilitaba a Micheletti, por lo tanto no hubo golpe de Estado.

Los militares que expulsaron a Zelaya deberán responder por esa acción en los tribunales, pero el Estado hondureño sigue funcionando normalmente. Aquí no se ha roto el orden constitucional.

La supuesta renuncia de Zelaya

El día 28 de junio en el Congreso se leyó una renuncia a la presidencia, supuestamente firmada por Manuel Zelaya, aunque éste negó en todo momento haber firmado una renuncia. Pero el Congreso no se basó en esta supuesta renuncia para improbar la gestión de Zelaya y hacer el traspaso presidencial al señor Micheletti.

Todavía no se sabe si esa carta de renuncia fue firmada realmente por Zelaya o no. No se descarta que Zelaya la haya firmado, pues es conocida su manera compulsiva de actuar, así como su frecuente recurso a la mentira.