El Abogado Efraín Moncada Silva, que fue asesor del derrocado gobierno, argumenta que los militares no estaban facultados para capturar al presidente Zelaya:

Conforme el Art. 306 de la Constitución los órganos jurisdiccionales, requerirán en caso necesario, el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones. Aún suponiendo, sin estar comprobado, que hubiese mediado la comisión de delito alguno, correspondía a la Policía Nacional ejecutar las resoluciones del Poder Judicial y no a las Fuerzas Armadas que conforme el Art. 274 de la propia Constitución no tiene ninguna competencia relacionada con la ejecución de resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, especialmente del Poder Judicial, porque sus atribuciones están determinadas expresamente en dicho Art. 274. De tal manera que en la aprehensión violenta del Presidente de la República, se consumaron, sin lugar a dudas, varios delitos que tarde o temprano tendrán que determinarse.

Las acciones contra el presidente eran de orden penal, por lo que le correspondía capturarlo la policía, y no de orden constitucional. Ixcuic, del blog Xibalbá así lo explica:

Nótese que el procedimiento que las autoridades fiscales y judiciales abrieron a Zelaya es de carácter penal (que lleva intrínseco el debido proceso y no prácticas de destierro) y mucho menos se cita el artículo que Sánchez arguye [el 239]. Lo que procedía era ponerlo a las ordenes del poder judicial.

Zelaya quería imponer una constitución por la fuerza, había que sacarlo por medio de la fuerza.

Después de haber condenado brevemente el golpe de Estado en Honduras, dí un pie atrás y dije que no era golpe.

No soy un experto en leyes, pero en un asunto como este no es fácil solo ser analítico y dejar de tomar partido. Siempre fui crítico de Zelaya, y era natural que considerara positivo su derrocamiento.

Sin embargo, después de pasado algún tiempo, y examinar los argumentos con más calma, tengo que reconocer que no terminan de convencerme los que dicen que no hubo golpe de Estado, sino una sucesión constitucional.

Es cierto que al faltar al presidente de la República, le corresponde al presidente del Congreso asumir el cargo. En este caso le tocaba a Roberto Micheletti. Sin embargo, para que Micheletti asumiera Manuel Zelaya tendría que estar inhabilitado.

¿Estaba Zelaya inhabilitado? Manuel Zelaya había recibido una orden de captura para ponerlo a la orden de los tribunales. En vez de eso, los militares decidieron sacarlo del país para evitar un baño de sangre. El Congreso decidió destituir a Zelaya, y nombrar a Micheletti como presidente. Pero el Congreso no tiene la facultad de destituir a un presidente.

Zelaya tendría que haber sido juzgado y condenado para quedar inhabilitado, y que luego pudiera asumir Micheletti. (Recordemos que la ley presume la inocencia de un ciudadano mientras no se pruebe lo contrario). Esto no sucedió.

Como Micheletti asumió un cargo que no le correspondía, él es un usurpador, y puede ser juzgado por tal. También incurren en responsabilidad todos los diputados que votaron para destituir a Zelaya y nombrar a Micheletti como presidente, al igual que los ministros nombrados en este gobierno.

Esto es un golpe, señores. No se puede tapar el sol con un dedo. Micheletti habla de hacer una «ofensiva diplomática» para convencer a otros gobiernos de que no hubo golpe, pero no puede ni convencer a sus propios ciudadanos.

Los que defienden el golpe dicen defender la democracia y la legalidad deben de avergonzarse, por que la destitución de Manuel Zelaya fue ilegal. No se puede defender la legalidad cometiendo ilegalidades. No se puede aplicar la ley en forma selectiva, si le aplica la ley a Zelaya y a sus cuatreros, debe de aplicarse la ley contra Micheletti y sus ministros.

Para defender la destitución de Zelaya se suele invocar el artículo 239 de la Constitución, que dice que los que propongan reformar la alternabilidad en el cargo presidencial cesan inmediatamente en sus cargos.

Pero el problema es que Zelaya nunca dijo abiertamente que él se proponía legalizar la reelección, aunque todos lo sospechábamos. Una sospecha, por muy fundada que esté, no era motivo para considerar a Zelaya removido en su cargo.

No hay vuelta de hoja, Zelaya fue sustituido en forma ilegal. Esto fue un golpe de Estado. Y no importa que el poder esté en manos de civiles y los tres poderes funcionen normalmente, porque se ha roto el orden constitucional.

Sin embargo, ha pesar de estas valoraciones. Todavía considero lo sucedido el 28 de junio como algo positivo. No había alternativa que hacer lo que se hizo, a pesar de la condena internacional.

Y es que Zelaya tenía planeado su propio golpe de Estado.

La encuesta que se celebraría el 28 de junio, y que era supuestamente no vinculante, en realidad sí lo era. Un decreto de la Gaceta del 25 de junio cambiaba las reglas del juego. Aunque el decreto tenía fecha del 25 de junio, no se imprimió hasta cerca de la medianoche del sábado 27 de junio, justo antes de la encuesta. En este decreto se decía que la encuesta era una Convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente.

Es obvio que esto se había mantenido oculto para iniciar acciones judiciales en contra. El siguiente paso era convocar una Asamblea Nacional Constituyente y disolver el Congreso. La asamblea constituyente cambiaría la constitución actual por una más acorde con el socialismo del siglo XXI promovido por Hugo Chávez. La elecciones se aplazarían indefinidamente y Zelaya continuaría la presidencia.

Era de esperarse que la Asamblea Nacional Constituyente fuera convocada el mismo día 28, y disuelto el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Para impedir que esto sucediera había que tomar una decisión rápida. No había tiempo para largos procedimientos legales, por que Zelaya estaba dispuesto a saltarse todas las leyes.

Zelaya quería imponer una constitución por la fuerza, había que sacarlo por medio de la fuerza.

Se puede argumentar que estos solo son supuestos, y que había que esperar que Zelaya intentara convocar la Constituyente para enjuiciarlo. Lo cual está muy bien… teóricamente, pero no podíamos quedarnos cruzados de brazos viéndo como nos quitaban el país de las manos. Cuando hay una revolución las formalidades legales no tienen ningún valor. Había que recurrir a la fuerza.

A pesar de que no se siguieron los formalismos legales necesarios, se protegió el espíritu de la Constitución, que le pone un candado a las aspiraciones continuistas de los tiranos. El golpe de Estado contra Zelaya es en realidad un rescate de la institucionalidad. Había que violar la ley para que se mantuviera el imperio de la ley.

Era necesario escoger el mal menor. Es mejor ser golpista que traidor a la patria.

«Eres un golpista, y siempre te recordarán por golpista. Siempre tendrás ese estigma de golpista». Le decia un funcionario del gobierno derrocado de Mel Zelaya a Renato Álvarez, reconocido periodista de la Corporación Televicentro.

Un golpista, según ellos, no es solo la persona parte de una élite política que derroca a un gobierno legítimo, sino todos los que tienen una opinión favorable a dicho régimen, y los que levantan su voz o la pluma para defenderlo.

Se es golpista, aunque se piense que no se es. Aun cuando se piense que el derrocamiento tiene una justificación jurídica, y que por lo tanto no ha existido tal golpe de Estado.

Incluso se llega hasta el extremo de pensar que un hijo de un golpista también debería de llevar ese estigma de golpista. Un golpista no podrá ser nunca perdonado, aunque pasen los años y trate de arrepentirse de su pasado golpista. Un golpista es siempre golpista.

El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez ha sido valiente al no condenar el nuevo gobierno interino, por que los izquierdistas siempre lo recordarán por golpista, y eso será una mancha cuando éste aspire a convertirse en Papa.

Aun con todo esto, un golpista puede redimirse con tal que tenga la ideología correcta. Así, el fracasado golpista de Hugo Chávez se ha bañado en los lampos de la gloria izquierdista, y su intento de golpe no es mal visto por sus seguidores. Nadie le grita «golpista».

Es irónico, que los vende-patria de los chavistas hondureños acusen de golpistas a los que quieren defender la democracia hondureña de la injerencia de Venezuela, teniendo en cuenta que Hugo Chávez, al que idolatran, es un fracasado golpista.

El Estado democrático de Derecho fue persistentemente quebrantado por «Mel»

El diputado Orlando Romero Pineda, del Partido Liberal, presentó un comunicado en el cual el Congreso Nacional (CN) afirma que el ex mandatario Manuel Zelaya incurrió en delitos de orden constitucional y alentó la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico.

A continuación el comunicado oficial que fue aprobado en calidad de moción por los legisladores:

Comunicado

El Congreso Nacional a la opinión pública nacional e internacional comunica:

1.- El Estado democrático de Derecho de Honduras, como es reconocido nacional e internacionalmente, tiene una forma de gobierno ejercida por tres poderes complementarios e independientes sin relación de subordinación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Carta Magna asigna competencias expresas a esos poderes para que en coordinación y armonía ejerciten la acción unitaria del Estado en el cumplimiento de su fin supremo de respetar, promover y proteger la dignidad humana de toda la población hondureña.

2.- La aplicación del ordenamiento constitucional por los tres poderes mediante la efectividad de sus prescripciones de acción y de respeto de las prohibiciones para no incurrir en el incumplimiento de los deberes de los funcionarios en abuso de poder y quebrantamiento del orden constitucional.

3.- El Estado democrático de Derecho fue persistentemente quebrantado por el ciudadano Manuel Zelaya Rosales, quien de modo reiterado violó la Constitución de la República, desconociendo expresa y públicamente las competencias propias de los poderes y rechazando las resoluciones y recomendaciones de la institucionalidad pública. En particular las del Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

De esa manera el ciudadano Manuel Zelaya Rosales se atribuyó de facto la supremacía sobre todos los poderes del Estado, creando caos, incertidumbre y anarquía. Así como un ambiente que ha favorecido el agravamiento de la delincuencia, la corrupción y la narcoactividad, al igual que la negligencia manifiesta y punible a la agravación de la crisis financiera y de los problemas de la población, como consecuencia de la pandemia de la gripe AH1N1, y del terremoto que recientemente ha estremecido a Honduras.

4.- Como consecuencia de lo anterior, tal como se expresa en el informe y decreto legislativo del 28 de junio el honorable Congreso Nacional acordó improbar la conducta del ciudadano Manuel Zelaya Rosales, y a separarlo de su cargo en virtud del artículo constitucional 242 y con orden de captura por la Corte Suprema de Justicia, y la aplicación de la orden de sucesión constitucional, nombrar al Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain, Presidente de la República por el tiempo que falta para concluir el período constitucional hasta el 27 de enero del 2010, fecha en la cual tomará posesión el nuevo gobernante electo el 29 de noviembre del 2009.

5.- El Congreso Nacional, asimismo, eligió al ciudadano (sic) el diputado José Alfredo Saavedra Paz, como presidente de este Poder del Estado.

Tomado de La Tribuna, 2 de julio del 2,009