«Eres un golpista, y siempre te recordarán por golpista. Siempre tendrás ese estigma de golpista». Le decia un funcionario del gobierno derrocado de Mel Zelaya a Renato Álvarez, reconocido periodista de la Corporación Televicentro.

Un golpista, según ellos, no es solo la persona parte de una élite política que derroca a un gobierno legítimo, sino todos los que tienen una opinión favorable a dicho régimen, y los que levantan su voz o la pluma para defenderlo.

Se es golpista, aunque se piense que no se es. Aun cuando se piense que el derrocamiento tiene una justificación jurídica, y que por lo tanto no ha existido tal golpe de Estado.

Incluso se llega hasta el extremo de pensar que un hijo de un golpista también debería de llevar ese estigma de golpista. Un golpista no podrá ser nunca perdonado, aunque pasen los años y trate de arrepentirse de su pasado golpista. Un golpista es siempre golpista.

El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez ha sido valiente al no condenar el nuevo gobierno interino, por que los izquierdistas siempre lo recordarán por golpista, y eso será una mancha cuando éste aspire a convertirse en Papa.

Aun con todo esto, un golpista puede redimirse con tal que tenga la ideología correcta. Así, el fracasado golpista de Hugo Chávez se ha bañado en los lampos de la gloria izquierdista, y su intento de golpe no es mal visto por sus seguidores. Nadie le grita «golpista».

Es irónico, que los vende-patria de los chavistas hondureños acusen de golpistas a los que quieren defender la democracia hondureña de la injerencia de Venezuela, teniendo en cuenta que Hugo Chávez, al que idolatran, es un fracasado golpista.

El Estado democrático de Derecho fue persistentemente quebrantado por «Mel»

El diputado Orlando Romero Pineda, del Partido Liberal, presentó un comunicado en el cual el Congreso Nacional (CN) afirma que el ex mandatario Manuel Zelaya incurrió en delitos de orden constitucional y alentó la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico.

A continuación el comunicado oficial que fue aprobado en calidad de moción por los legisladores:

Comunicado

El Congreso Nacional a la opinión pública nacional e internacional comunica:

1.- El Estado democrático de Derecho de Honduras, como es reconocido nacional e internacionalmente, tiene una forma de gobierno ejercida por tres poderes complementarios e independientes sin relación de subordinación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Carta Magna asigna competencias expresas a esos poderes para que en coordinación y armonía ejerciten la acción unitaria del Estado en el cumplimiento de su fin supremo de respetar, promover y proteger la dignidad humana de toda la población hondureña.

2.- La aplicación del ordenamiento constitucional por los tres poderes mediante la efectividad de sus prescripciones de acción y de respeto de las prohibiciones para no incurrir en el incumplimiento de los deberes de los funcionarios en abuso de poder y quebrantamiento del orden constitucional.

3.- El Estado democrático de Derecho fue persistentemente quebrantado por el ciudadano Manuel Zelaya Rosales, quien de modo reiterado violó la Constitución de la República, desconociendo expresa y públicamente las competencias propias de los poderes y rechazando las resoluciones y recomendaciones de la institucionalidad pública. En particular las del Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

De esa manera el ciudadano Manuel Zelaya Rosales se atribuyó de facto la supremacía sobre todos los poderes del Estado, creando caos, incertidumbre y anarquía. Así como un ambiente que ha favorecido el agravamiento de la delincuencia, la corrupción y la narcoactividad, al igual que la negligencia manifiesta y punible a la agravación de la crisis financiera y de los problemas de la población, como consecuencia de la pandemia de la gripe AH1N1, y del terremoto que recientemente ha estremecido a Honduras.

4.- Como consecuencia de lo anterior, tal como se expresa en el informe y decreto legislativo del 28 de junio el honorable Congreso Nacional acordó improbar la conducta del ciudadano Manuel Zelaya Rosales, y a separarlo de su cargo en virtud del artículo constitucional 242 y con orden de captura por la Corte Suprema de Justicia, y la aplicación de la orden de sucesión constitucional, nombrar al Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain, Presidente de la República por el tiempo que falta para concluir el período constitucional hasta el 27 de enero del 2010, fecha en la cual tomará posesión el nuevo gobernante electo el 29 de noviembre del 2009.

5.- El Congreso Nacional, asimismo, eligió al ciudadano (sic) el diputado José Alfredo Saavedra Paz, como presidente de este Poder del Estado.

Tomado de La Tribuna, 2 de julio del 2,009

Cronología de eventos que llevaron al derrocamiento de José Manuel Zelaya Rosales.

En la mañana del domingo 28, el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue tomado por la fuerza por un grupo de militares, lo pusieron en un avión y lo mandaron a Costa Rica.

Ellos habían recibido una orden judicial de captura para remitirlo a las autoridades hondureñas, sin embargo, lo que hicieron fue mandarlo a Costa Rica.

¿Cómo se justifica esto? ¿Acaso lo que se hizo no fue ilegal? ¿Quién dio la orden de mandarlo a Costa Rica?

Según el coronel Herberth Bayardo Inestroza, asesor jurídico de las Fuerzas Armadas, la decisión de enviarlo a Costa Rica fue tomada por las Fuerzas Armadas. Se desobedeció la orden de la Corte a pesar de que se sabía que se estaba cometiendo un delito: «Sabemos que ahí hay un delito. En el momento en el que nosotros lo sacamos del país en la forma en que se sacó hay un delito». Sin embargo, esta decisión se tomó para evitar una tragedia en Honduras. «Si lo hubiéramos dejado acá ahorita estuviéramos enterrando un montón de gente». «¿Qué era más beneficioso, sacar a este señor de Honduras o presentarlo al Ministerio Público y que una turba asaltara y quemara y destruyera, y que nosotros tuviéramos que disparar?»

Esta decisión se tomó en base al principio del Derecho conocido como «estado de necesidad», el cual establece que «a un mal mayor, un mal menor». Este principio es «un eximiente en el Código Penal, artículo 24». Los militares confían en que cuando se conozcan las circunstancias «va a haber una justificación y un eximente que nos va a proteger».

Siendo esto así, no hay ninguna señal de un golpe de Estado militar. Los militares tomaron una decisión basada en la justicia.

Ver entrevista en elfaro.net.