Aclaración de Enrique Ortez Colindres

Aclaración al Pueblo Hondureño

Por: Enrique Ortez Colindres

Al comenzar a redactar esta aclaración prometemos que jamás presentaremos a sus ojos una mentira, tal como ha sido nuestro respeto por la verdad, la que he venido sosteniendo en mis luchas políticas y cívicas; tampoco, hemos querido recurrir a engaños para recargar el colorido de los hechos que fundamentan esta aclaración, pues nos limitaremos a relatar lo acontecido recientemente, respecto a mi función pública como Ministro de Relaciones Exteriores primero, y como Ministro de Gobernación y Justicia, posteriormente, cargo sobre el que, venimos de rendir el juramento de ley.

Recordamos que nuestra Carta Magna establece que son deberes del ciudadano «cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes»; y nuestro silencio, respecto a mis declaraciones públicas sobre diferentes aspectos de la vida nacional, podría tomarse a engaño, por más que nuestras afirmaciones han sido siempre rectas y comprobadas en el decurso del tiempo. Entre ellas:

Dijimos, desde hace tres años, al estarse celebrando por el gobierno de Daniel Ortega, el «28 aniversario de la Revolución Sandinista», en Managua (19 de julio, 2007), con la presencia del ex presidente José Manuel Zelaya, en compañía de Hugo Chávez (Venezuela), Fernando Lugo (Paraguay) y el vice presidente de Cuba, Esteban Lazo, al escuchar las declaraciones del entonces presidente de Honduras, al momento de darle todo su respaldo al gobierno sandinista de Nicaragua, «En nombre de nuestro pueblo y gobierno», que disentíamos de tal afirmación, al darle todo su apoyo en nombre del «pueblo hondureño», del cual me siento parte integrante y elevé mi voz de protesta.

Todo lo anterior, debido entre otras causas, a las acusaciones de «agresión» proferidas en el pasado, de estar preparando una supuesta invasión contra ese país hermano, formuladas por Nicaragua en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1983) en el que nos correspondió, en ese entonces llevar la defensa de Honduras, en la reunión que con carácter de «extrema urgencia» fue convocada por el actual [sic] Ministro del Exterior de Nicaragua, Miguel D’Escoto Brockman, y de cuya falsa acusación, salimos al final de los debates, unanimemente, liberados.

Alertamos, asimismo, a la ciudadanía hondureña que la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) era una asociación económica, social, política y -según el propio Chávez- militar, que contenía un ingrediente de peligrosidad para el pueblo hondureño, como es el de «la solidaridad» entre sus estados miembros lo que implica, que un ataque armado contra uno de ellos significaba un ataque para todos los demás.

Sugerimos en esta ocasión, públicamente, al gobierno anterior que estos cuantiosos recursos de la ALBA debían ser administrados a través de un «fideicomiso», con participación, al menos, de un organismo financiero internacional como el BCIE o dándole participación a algunos de los países que nos condonaron la deuda externa, para evitar las evasiones de este préstamo del gobierno de Chávez, no donación, que ahora tendrá que pagar el pueblo hondureño.

Hemos venido repitiendo en los medios de comunicación que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, fue destituido constitucionalmente por haber violado los artículos que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República, para quien lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quien no puede ser presidente de la República por el período siguiente (artículos 374 y 375 C.P.).

Por las razones anteriores, le acepté al presidente Roberto Micheletti Baín formar parte de su gabinete, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, habiendo asumido, en el corto tiempo que nos tocó asumir dichas funciones (15 días) la responsabilidad de programar por parte de Honduras, el recibo oficial del Secretario General de la OEA, señor José Miguel Insulza, acto este de suma trascendencia en el ámbito internacional que hizo derivar a su arribo una serie de circunstacias adversas, entre ellas las siguientes:

Previamente, como es del conocimiento público, con fecha 4 de julio del 2009, en resolución aprobada en la segunda sesión plenaria, Honduras fue suspendida del «derecho de participar en la OEA» y, al anunciarse la llegada a Tegucigalpa del Secretario General de dicha organización, José Miguel Insulza, y al tomar en cuenta que al Poder Ejecutivo le corresponde constitucionalmente «dirigir la política y las relaciones internacionales» y al canciller representarlo, por delegación, di las instrucciones siguientes:

* Que el Secretario General Insulza debía ser recibido por alguien que representara al Poder Ejecutivo, para que pisando el territorio hondureño y dándole la protección diplomática a que tiene derecho por su elevada investidura, quedara constancia de que sería el Estado de Honduras el que lo recibiría a su llegada.

* Que una vez recibido por algún representante del Poder Ejecutivo se le dejase en libertad de desarrollar de su agenda, ofreciéndole además la debida protección para poder movilizarse libremente y sin intervención alguna.

* Instruí, además, para que se permitiese, únicamente el ingreso a la base aérea Soto Cano al representante permanente de la OEA en Honduras, pues teníamos conocimiento que el Secretario Insulza sería recogido directamente por el embajador de los Estados Unidos de América, señor Hugo Llorens, en automóviles previamente estacionados, específicamente, de la embajada de su país. Tenemos la convicción profesional que de permitir esta acción, sabiendo que los privilegios diplomáticos establecidos en la Convención de Viena de 1961, así como las costumbres diplomáticas vigentes, implicarían un desconocimiento de la territorialidad donde ejerce soberanamente el poder, el gobierno de Honduras presidido por Roberto Micheletti Baín.

* Y, además, estimé que al tenor de las protecciones diplomáticas, en caso de permitir que dicho alto funcionario internacional, entrara, directamente, a un auto de aquella misión diplomática (USA), acreditada en Honduras, acontecería, por una costumbre internacional en el campo diplomático, como en tiempos antiguos, que el auto de dicha embajada semejaría a una «carroza imperial», y como tal por su «intuito persona» extendería la presumida extraterritorialidad norteamericana, y por tanto, se le estaría dando a Honduras, el trato de una «colonia americana», posición inaceptable y deshonrosa para nuestra patria (ver art. 22 num. 3, Convención de Viena).

Todo ello ha dado motivo para que presiones de la embajada de los Estados Unidos de América ante nuestro pueblo y gobierno, directa o indirectamente, junto a ciertos países de la «ALBA», socios en las operaciones de la cuarta urna, y ahora patrocinando el regreso del ex presidente depuesto José Manuel Zelaya, nos hayan hecho tomar mayor conciencia de los obstáculos políticos que podría enfrentar, por mi presencia, como Ministro de Gobernación, nuestro gobierno, sabiendo que todo ello podría significar la cancelación de la ayuda externa que tanto ha venido necesitando nuestro pueblo.

Y, para no poner en una difícil encrucijada a nuestro presidente Roberto Micheletti Baín, en forma unilateral e independiente, procederemos a hacer pública nuestra postura ciudadana, liberando al Poder Ejecutivo del efecto que pueda derivarse de esta circunstancia, la cual, estimo acorde con mi trayectoria ciudadana y patriótica para no contribuir al deterioro de las relaciones entre nuestros respectivos pueblos y gobiernos.

Posteriormente, con motivo de las gestiones de buena voluntad del presidente Óscar Arias, que en forma honrosa y con gran espíritu centroamericanista ha ofrecido a las partes en controversia, hacer los esfuerzos de pacificación y estabilidad en la familia hondureña a través de una «mediación», estimé, adicionalmente, que mi presencia en tal cargo, no debería ser obstáculo ante las presiones de toda índole: económicas, políticas y estratégicas, para que en nuestro país vuelva la paz y la tranquilidad en nuestras familias y permitir así, lo antes posible, la unidad de nuestro pueblo, que ha estado siendo objeto de una masiva y reiterada campaña para producir profundos antagonismos, en vez de tratar de integrarla ante la gran crisis económica mundial que ya nos está afectando y que tiene visos de incrementarse.

Tomando en cuenta, para concluir, que al haber sido juramentado como Ministro de Gobernación y Justicia, siguen presionando tanto la embajada de los Estados Unidos en nuestro país como algunos políticos nacionales de oscura conducta, que se han prestado en este juego, y para no causar daño al gobierno de nuestro amigo, Roberto Micheletti Baín, he creído conveniente declinar la honrosa designación de que he sido objeto, al habernos nombrado Ministro de Gobernación y Justicia de la República de Honduras, y poner a partir de esta fecha, a su entera disposición, dicho cargo, teniendo como fin primordial mi cariño a Honduras y el respeto a su pueblo.

La presente aclaración es una constancia pública para dar paso a otras personas con la misma o mayor capacidad profesional que la nuestra, y contribuir con ese llamado a la patria reflejado en las profundas frases de Froylán Turcios, en su «Oración del Hondureño»:

«…y no olvidaré jamás que mi primer deber será, en todo tiempo, defender con valor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente; prefiriendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su brillante pabellón».

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de julio de 2009.

El supuesto racismo de Enrique Ortez Colindres

Los hondureños bien sabemos que hay una inmensa campaña de desinformación en contra del presente gobierno, por que nos hemos colocado en el centro del campo la lucha ideológica chavista.

Y parte de esa campaña consiste en difamar a las personas vinculadas al gobierno. Se hace mano del matonismo verbal, se trata de hacer ver a las personas como monstruos despreciables dignos de ser pisoteados.

La izquierda chavista no se anda con finezas: insulta, miente y denigra con el mayor descaro.

Se ha dicho que en Honduras hay un régimen militar represivo, que hay muchos muertos, heridos y desaparecidos. Lo cual es mentira.

Una víctima del matonismo verbal de la izquierda ha sido el señor Enrique Ortez Colíndres, el cual fue canciller por unos días, y luego tuvo que renunciar, por presiones de la Embajada de los Estados Unidos.

El embajador Hugo Llorens sacó un comunicado en el que decía sentirse «profundamente indignado» por unas declaraciones supuestamente racistas de Ortez Colindres. Ortez Colíndres había dicho en el programa de televisión «Frente a Frente» de Televicentro, que Obama era «un negrito que no sabía donde quedaba Tegucigalpa».

Llorens interpretó que la palabra «negrito» era un término racista y peyorativo.

Pero en Honduras no estamos tan obsesionados con el tema racial como en Estados Unidos. La palabra «negrito» no implica connotaciones racistas. No había pues razón de sentirse «profundamente indignado». Estas declaraciones las dio antes de ser juramentado como canciller.

Sin embargo, se podría objetar que el haber dicho que Obama «no sabe donde está Tegucigalpa», es denigrante, por que es como decir que Obama es un tonto ignorante.

Pero, no es así. Es un hecho que muchos norteamericanos no saben donde está Honduras, no pueden ubicarlo en el mapa. Y esto le sucede a norteamericanos de todos los colores, no es un asunto racial.

Lo que quería decir Ortez Colíndres es que no podemos esperar que Estados Unidos resuelva todos nuestros problemas, nosotros debemos tomar nuestra responsabilidad como hondureños para salvar a la patria. Este es ciertamente un mensaje con el que se pueden identificar muchas personas de izquierda.

No sé si Hugo Llorens simpatiza con el chavismo. Espero que no, pero su interpretación de los comentarios de Llorens les ha servido a los chavistas para denigrarlo injustamente, y a este gobierno interino.

Enrique Ortez Colíndres es un diplomático de carrera que estudió en Francia. Tiene cerca de ochenta años de edad, pero está lleno de energía y buen humor, con todo el ánimo de servir a su país. Ortez Colíndres fue asesor del ex presidente Manuel Zelaya, del cual es pariente. Fue el primero en denunciar los planes continuistas de éste.

No les correspondía a los militares arrestar a Zelaya

El Abogado Efraín Moncada Silva, que fue asesor del derrocado gobierno, argumenta que los militares no estaban facultados para capturar al presidente Zelaya:

Conforme el Art. 306 de la Constitución los órganos jurisdiccionales, requerirán en caso necesario, el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones. Aún suponiendo, sin estar comprobado, que hubiese mediado la comisión de delito alguno, correspondía a la Policía Nacional ejecutar las resoluciones del Poder Judicial y no a las Fuerzas Armadas que conforme el Art. 274 de la propia Constitución no tiene ninguna competencia relacionada con la ejecución de resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, especialmente del Poder Judicial, porque sus atribuciones están determinadas expresamente en dicho Art. 274. De tal manera que en la aprehensión violenta del Presidente de la República, se consumaron, sin lugar a dudas, varios delitos que tarde o temprano tendrán que determinarse.

Las acciones contra el presidente eran de orden penal, por lo que le correspondía capturarlo la policía, y no de orden constitucional. Ixcuic, del blog Xibalbá así lo explica:

Nótese que el procedimiento que las autoridades fiscales y judiciales abrieron a Zelaya es de carácter penal (que lleva intrínseco el debido proceso y no prácticas de destierro) y mucho menos se cita el artículo que Sánchez arguye [el 239]. Lo que procedía era ponerlo a las ordenes del poder judicial.

Sí fue un golpe, pero un golpe necesario

Zelaya quería imponer una constitución por la fuerza, había que sacarlo por medio de la fuerza.

Después de haber condenado brevemente el golpe de Estado en Honduras, dí un pie atrás y dije que no era golpe.

No soy un experto en leyes, pero en un asunto como este no es fácil solo ser analítico y dejar de tomar partido. Siempre fui crítico de Zelaya, y era natural que considerara positivo su derrocamiento.

Sin embargo, después de pasado algún tiempo, y examinar los argumentos con más calma, tengo que reconocer que no terminan de convencerme los que dicen que no hubo golpe de Estado, sino una sucesión constitucional.

Es cierto que al faltar al presidente de la República, le corresponde al presidente del Congreso asumir el cargo. En este caso le tocaba a Roberto Micheletti. Sin embargo, para que Micheletti asumiera Manuel Zelaya tendría que estar inhabilitado.

¿Estaba Zelaya inhabilitado? Manuel Zelaya había recibido una orden de captura para ponerlo a la orden de los tribunales. En vez de eso, los militares decidieron sacarlo del país para evitar un baño de sangre. El Congreso decidió destituir a Zelaya, y nombrar a Micheletti como presidente. Pero el Congreso no tiene la facultad de destituir a un presidente.

Zelaya tendría que haber sido juzgado y condenado para quedar inhabilitado, y que luego pudiera asumir Micheletti. (Recordemos que la ley presume la inocencia de un ciudadano mientras no se pruebe lo contrario). Esto no sucedió.

Como Micheletti asumió un cargo que no le correspondía, él es un usurpador, y puede ser juzgado por tal. También incurren en responsabilidad todos los diputados que votaron para destituir a Zelaya y nombrar a Micheletti como presidente, al igual que los ministros nombrados en este gobierno.

Esto es un golpe, señores. No se puede tapar el sol con un dedo. Micheletti habla de hacer una «ofensiva diplomática» para convencer a otros gobiernos de que no hubo golpe, pero no puede ni convencer a sus propios ciudadanos.

Los que defienden el golpe dicen defender la democracia y la legalidad deben de avergonzarse, por que la destitución de Manuel Zelaya fue ilegal. No se puede defender la legalidad cometiendo ilegalidades. No se puede aplicar la ley en forma selectiva, si le aplica la ley a Zelaya y a sus cuatreros, debe de aplicarse la ley contra Micheletti y sus ministros.

Para defender la destitución de Zelaya se suele invocar el artículo 239 de la Constitución, que dice que los que propongan reformar la alternabilidad en el cargo presidencial cesan inmediatamente en sus cargos.

Pero el problema es que Zelaya nunca dijo abiertamente que él se proponía legalizar la reelección, aunque todos lo sospechábamos. Una sospecha, por muy fundada que esté, no era motivo para considerar a Zelaya removido en su cargo.

No hay vuelta de hoja, Zelaya fue sustituido en forma ilegal. Esto fue un golpe de Estado. Y no importa que el poder esté en manos de civiles y los tres poderes funcionen normalmente, porque se ha roto el orden constitucional.

Sin embargo, ha pesar de estas valoraciones. Todavía considero lo sucedido el 28 de junio como algo positivo. No había alternativa que hacer lo que se hizo, a pesar de la condena internacional.

Y es que Zelaya tenía planeado su propio golpe de Estado.

La encuesta que se celebraría el 28 de junio, y que era supuestamente no vinculante, en realidad sí lo era. Un decreto de la Gaceta del 25 de junio cambiaba las reglas del juego. Aunque el decreto tenía fecha del 25 de junio, no se imprimió hasta cerca de la medianoche del sábado 27 de junio, justo antes de la encuesta. En este decreto se decía que la encuesta era una Convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente.

Es obvio que esto se había mantenido oculto para iniciar acciones judiciales en contra. El siguiente paso era convocar una Asamblea Nacional Constituyente y disolver el Congreso. La asamblea constituyente cambiaría la constitución actual por una más acorde con el socialismo del siglo XXI promovido por Hugo Chávez. La elecciones se aplazarían indefinidamente y Zelaya continuaría la presidencia.

Era de esperarse que la Asamblea Nacional Constituyente fuera convocada el mismo día 28, y disuelto el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Para impedir que esto sucediera había que tomar una decisión rápida. No había tiempo para largos procedimientos legales, por que Zelaya estaba dispuesto a saltarse todas las leyes.

Zelaya quería imponer una constitución por la fuerza, había que sacarlo por medio de la fuerza.

Se puede argumentar que estos solo son supuestos, y que había que esperar que Zelaya intentara convocar la Constituyente para enjuiciarlo. Lo cual está muy bien… teóricamente, pero no podíamos quedarnos cruzados de brazos viéndo como nos quitaban el país de las manos. Cuando hay una revolución las formalidades legales no tienen ningún valor. Había que recurrir a la fuerza.

A pesar de que no se siguieron los formalismos legales necesarios, se protegió el espíritu de la Constitución, que le pone un candado a las aspiraciones continuistas de los tiranos. El golpe de Estado contra Zelaya es en realidad un rescate de la institucionalidad. Había que violar la ley para que se mantuviera el imperio de la ley.

Era necesario escoger el mal menor. Es mejor ser golpista que traidor a la patria.