El depuesto presidente Manuel Zelaya regresó hoy al territorio nacional y se encuentra hoy en la embajada de Brasil. Así lo ha confirmado el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly.

La Tribuna informa que Zelaya salió al balcón de la embajada brasileña a saludar a sus seguidores.

José Miguel Insulsa, el secretario de la OEA, hace un llamado a la calma tras el regreso de Zelaya a Honduras.

Más temprano en la mañana, el presidente Micheletti salió a negar los rumores de que el presidente Zelaya había retornado al país, y de que lo hubieran secuestrado a él. Sin embargo, parece ser que Zelaya está realmente en el país.

La OEA ya convocó de urgencia a una sesión extraordinaria tras el regreso de Zelaya.

Zelaya se expone a ser capturado por la policía si sale de la embajada de Brasil en Tegucigalpa. A pesar de eso, dice que planea asistir mañana a una sesión de Naciones Unidas.

«¿Fue o no fue golpe?» es una pregunta que me hecho muchas veces, sobre todo por que los seguidores de Mel Zelaya no se cansan de tildarnos de «golpistas» cada vez que tienen la oportunidad a los que apoyamos lo sucedido el 28 de junio pasado.

Tengo que reconocer que la legalidad de lo sucedido es dudosa, que hubiera sido preferible un proceso legal sin ninguna irregularidad evidente contra Manuel Zelaya, pero mi reacción desde que expulsaron a Zelaya fue una calurosa aprobación.

La crisis política no empezó, como muchos dicen, el 28 de junio, sino con una creciente actitud confrontativa del presidente Zelaya que amenazaba con llegar a niveles intolerables.

Me parece claro que la principal razón de la destitución de Zelaya no fueron tecnicismos legales, ni por la corrupción de su gobierno, ni siquiera por haber violado la Constitución (en gobiernos anteriores también hubo corrupción y violaciones a la Constitución). A Zelaya se le expulsó por la amenaza de crear un régimen chavista en el que se destruiría el actual orden constitucional para sustituirlo por un régimen de concentración de los poderes en la figura de un caudillo, y de la posibilidad de reelección permanente de este caudillo por medio de un fraude electoral.

El uso de la consulta popular solo servía para legitimar esa ambición dictatorial.

La estrategia que se siguió para detener ese proyecto autoritario fue la de invocar el respeto a la legalidad. Sin embargo, el procedimiento ilegal que se usó al expulsar a Zelaya empañó ese reclamo de respeto a la legalidad. Se denunció la contradicción de defender la ley por medio de la violación de la misma.

Pero se puede argumentar que una aplicación racional de la ley necesita hacer uso de una jerarquía de principios legales y éticos, y que a veces es necesario escoger entre un mal mayor y un mal menor.

De manera que al cometerse un delito expulsándose a Zelaya se salvó el actual orden legal, que no existiría si Zelaya hubiera cumplido su propósito de convocar una Asamblea Constituyente y disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

Esto sería un caso análogo al principio de defensa propia en el derecho penal. Al expulsar a Zelaya el sistema actuó en defensa propia para su auto-preservación.

Lo ideal hubiera sido juzgar a Zelaya dentro de territorio hondureño, pero si se le hubiera encarcelado se corría el peligro de mayor violencia y muertes.

Golpe sin ruptura del orden constitucional

Cuando se da un golpe de Estado se pierde el orden constitucional, se disuelve el poder legislativo y judicial para dar paso a un gobierno de fuerza.

Esto no ha sucedido en Honduras en este momento, por que aquí el orden constitucional con su estructura de tres poderes permanece intacto.

Lo único que hay es una controversia sobre la legitimidad del actual titular del poder ejecutivo.

Sin embargo, vemos que se insiste en afirmar que en Honduras se ha roto el orden constitucional por un golpe de Estado. Esta falsedad que se promueve en forma malintencionada resulta algo comprensible debido a que no existe un precedente histórico para la sucesión presidencial que se dio en Honduras, por lo que se ha hecho uso incorrecto del concepto de golpe de Estado, que se usaba en el contexto de la toma violenta del poder por parte de militares en América Latina.

El artículo 239

El artículo 239 de la Constitución prohibe la reelección presidencial y establece que el funcionario público que intente reformar ese artículo cesa inmediatamente en su cargo. Con base en ese artículo se dice que Zelaya ya no era presidente cuando se le expulsó del país, de manera que la sucesión presidencial que se practicó era perfectamente legal, a pesar de que la expulsión de Zelaya fue ilegal.

El problema con esta interpretación es que Zelaya se cuidó de no expresar abiertamente su intención de permitir la reelección en la nueva Constitución. Es claro que se comete un delito al intentar crear una nueva Constitución, ya que la atribución de reformar la Constitución le pertenece al Congreso, y esta reforma debe hacerse siguiendo un procedimiento pre-establecido.

Sin embargo, esta pretensión de usupar funciones del Congreso no implica una inhabilitación automática.

La declaración pública más fuerte de Zelaya en este sentido fue una en la que mencionaba que otros funcionarios del Estado podían ejercer sus funciones durante varios períodos, y que el asunto de la reelección presidencial sería tema de la próxima Asamblea Constituyente.

La intención de permitir la reelección presidencial era clara, aunque la falta de una declaración explícita de este propósito produce dudas en el uso del artículo 239 para justificar su destitución.

Si el artículo 239 no es aplicable, esto sugiere que Zelaya sigue siendo el presidente constitucional de Honduras, a pesar de sus intentos de destruir el presente orden legal, y que Micheletti es un usurpador de las funciones presidenciales.

Sin embargo existe una interpretación alternativa que dice que al momento de producirse la orden de captura contra Zelaya se produjo un vacío de poder que era necesario llenar por medio de una sucesión presidencial.

Ambas tesis son cuestionables, por lo que para aclarar si la sustitución presidencial fue legal o no, es necesario resolverlo por medio de un juicio legal. Lo mejor sería que Zelaya viniera a responder ante la justicia hondureña por las acusaciones que se le hacen. Esto aclararía definitivamente si el actual presidente de la República es legítimo o no.

El problema es que Zelaya no parece estar dispuesto a someterse a la ley, sino que sigue empeñado en desconocerla. Si Zelaya insiste en desconocer las instituciones legales hondureñas, pierde el derecho a ejercer la presidencia, y ha cometido perjurio, por que para tomar posesión de su cargo él juró cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley. Sus poderes presidenciales solo son legítimos dentro de ese marco constitucional, y en virtud de haberse comprometido a respetar ese orden. Cuando se rebela contra ese marco no tiene derecho a seguir siendo presidente.

De todos modos, ya sea que la sustitución presidencial que se dio el 28 de junio esté o no justificada legalmente, esta es un hecho consumado y el retorno al poder de Zelaya es políticamente inviable, a pesar de la presión internacional para restituirlo. Las próximas elecciones presidenciales nos darán un nuevo presidente electo libre de sospechas sobre su legitimidad, ya que el proceso electoral se está desarrollando en debida forma, y esto a pesar de las amenazas de otros países de desconocer el resultado de las elecciones.

En su informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la CIDH aseguró que al menos cuatro personas pudieron haber sido asesinadas por agentes del Estado, que la mayoría de las manifestaciones a favor del depuesto gobierno fueron pacíficas, y que la policía y el ejército utilizó fuerza excesiva contra los manifestantes. Aseguran que los militares tienen una injerencia indebida en diversos ámbitos de la sociedad, que los toques de queda decretados fueron arbitrarios, que hubieron detenciones ilegales, que no hay suficiente libertad de expresión, etc.

Se insistió que lo sucedido el 28 de junio fue un golpe de Estado, y que por lo tanto el actual gobierno de Honduras es un gobierno de facto.

Se espera que el informe completo tarde algunas semanas en presentarse.

En la parte de las preguntas y respuestas después de la presentación del informe se dejó claro que la misión de la Comisión es examinar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Es por esta razón que no se le prestó atención a las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de los manifestantes zelayistas. Sin embargo, se insistió que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, y que si hubo daños a la propiedad y actos de vandalismo estos fueron realizados por «particulares».

Dijeron condenar la violencia causada por los manifestantes, pero que esta no justifica la violación de los derechos humanos de estos.

A la pregunta sobre la violación del derecho a la educación por parte de los maestros que apoyan el retorno de Zelaya al poder, Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión, opinó que este problema se da por «el cierre de los espacios de debate democrático».

La Comisión estaba prejuiciada

Se percibe que el verdadero objetivo de la Comisión es el de perjudicar la imagen del Estado de Honduras acusándolo injustamente de violaciones a los derechos humanos. Esto se puede apreciar por las preguntas que anteriormente le habían hecho a la policía, al ejército y al Congreso. Los partidarios de Zelaya se encargaron de desinformar a la Comisión con burdas mentiras que fueron desvirtuadas por las instituciones del Estado.

A pesar de este prejuicio evidente, algunas de las mentiras más torpes tuvieron que ser descartadas, estableciendo el número de víctimas mortales posiblemente a cargo de agentes del Estado a solo cuatro personas, en contraste con las decenas o centenares de muertos y desaparecidos denunciados por los partidarios de Zelaya en el extranjero.

La opinión de la Comisión sobre los hechos estaba condicionada al supuesto de que lo sucedido en Honduras el 28 de junio fue un golpe de Estado, y que por lo tanto las acciones del nuevo gobierno carecen del fundamento de la legitimidad. No es de extrañar entonces que consideren que el toque de queda decretado por el nuevo gobierno se haya aplicado en forma arbitraria.

No es de extrañar que piensen que, debido al golpe de Estado, cualquier acción represiva de los agentes del Estado debe verse como algo ilegítimo y violatorio de los derechos humanos; que cualquier uso de fuerza por parte de agentes del Estado tiene que ser necesariamente excesivo.

Tampoco se molestan en explicar que entienden por «uso excesivo de la fuerza». La policía asegura que el manejo de manifestaciones se hace de acuerdo a procedimientos establecidos en manuales de las Naciones Unidas.

El sesgo en contra de Honduras es inevitable

Debido a que se considera que hubo un golpe de Estado, la Comisión se parcializó a favor de una visión negativa de la actuación del Estado en materia de derechos humanos. Por eso se inclina a pensar que las cuatro muertes que reporta de las manifestaciones son probablemente responsabilidad de agentes del Estado. Obsérvese que a esta afirmación se puede responder que «probablemente no lo sean». Es conocida la táctica de ciertos grupos de izquierda radicales de crear mártires asesinando a sus seguidores para favorecer a su causa, y luego responsabilizar a la parte contraria.

Oficialmente solo se reportan tres muertos en las manifestaciones, cuyos casos están siendo investigados. La Comisión no puede alegar que existe una política del Estado de ocultar información o de asesinar a partidarios de Zelaya.

No hay un contexto adecuado en la crítica

La Comisión permaneció cinco días en el país recibiendo denuncias, sin tener el tiempo para investigar las denuncias en forma exhaustiva. La Comisión desconoce como se manejó la situación de los derechos humanos antes del 28 de junio, por lo que es incapaz de hacer comparaciones entre la represión del Estado antes y después de esta fecha. Por lo tanto, cualquier problema en materia de derechos humanos es magnificado y se presenta como resultado del supuesto golpe de Estado.

La Comisión debe de saber que también en el gobierno de Zelaya se reprimía a los manifestantes cuando se consideraba oportuno, y que la colaboración de los militares con la policía para mantener el orden público no es algo nuevo.

La Comisión debería de establecer comparaciones de la situación de los derechos humanos en Honduras con la de otros países. Difícilmente se puede afirmar que la represión de manifestantes es un problema exclusivo de Honduras.

¿Manifestaciones pacíficas?

La Comisión asegura que solo cuando se quemó el bus y el restaurante de comida rápida se incurrió en violencia en una manifestación pro-Zelaya. Lo cual demuestra lo desinformada y parcializada que está la Comisión. Desde el momento en que se impide completamente el acceso a una vía pública y se amenaza con utilizar la violencia a los que deseen circular por ella se puede afirmar que una manifestación no es pacífica.

Los manifestantes pro-Zelaya han dañado la propiedad muchas veces en sus manifestaciones. Ellos consideran que tienen el derecho de manchar las paredes con us ofensivas consignas, y se ensañan especialmente contra los restaurantes de comida rápida, a los que les quiebran los vidrios con piedras y patadas, llegándose al extremo de incendiar uno (el restaurante de Popeye’s de Miraflores en Tegucigalpa).

Muchos periodistas han sido víctimas de la agresión de las turbas pro-Zelaya. Han sido golpeados y amenazados, y el equipo con que operan se les ha destruido.

No pueden ser pacíficos los manifestantes que cargan piedras, palos y cocteles molotov con la intención premeditada de hacer daño. Se nota que hay un esfuerzo sistemático organizado para producir temor en la sociedad por medio de acciones violentas. Pero la Comisión insiste en que los actos de vandalismo son hechos aislados realizados por «particulares».

Libertad de Expresión

Hay violaciones de la libertad de expresión mucho más graves en algunos países que nos condenan por haber realizado un «golpe de Estado», como Venezuela y Ecuador. Mientras que en Honduras se cerraron temporalmente algunos medios de comunicación desde el 28 de junio, en Venezuela se están cerrando en forma permanente muchos medios de comunicación de la oposición.

El bloqueo de los medios de comunicación en la mañana del 28 de junio, y los cortes de energía eléctrica ese día, sirvieron para evitar un clima de mayor crispación y violencia durante esos momentos críticos. Se actuo con responsabilidad para evitar daños mayores a la vida y la propiedad de las personas.

Hay que recordar que durante la mañana del 28 de junio había un vacío de poder, ya que Zelaya fue sacado del país por los militares, pero Micheletti asumió como presidente después del mediodía. Los que tomaron desiciones del Estado en materia de seguridad en esos delicados momentos fueron los juzgados y oficiales militares.

No es cierto que en Honduras no se respete la libertad de expresión. Actualmente no existe ningún medio de comunicación cerrado por asuntos políticos, aunque hay unos pocos medios que por sus llamados a desconocer al actual gobierno pueden considerarse culpables del delito de sedición.

Debe reconocerse que en comparación con otros cambios bruscos de presidentes que pueden calificarse fácilmente de golpes de Estado, la sucesión presidencial en Honduras se dio sin derramamiento de sangre y conservando intacto el funcionamiento de las instituciones del aparato estatal; que el definir oficialmente si se dio un golpe de Estado o no, le corresponde al Poder Judicial, el cual ya se ha pronunciado a favor de la tesis de que la sucesión presidencial es legítima.

Opino que la presentación de un informe preliminar por parte de la comisión fue una acción irresponsable. Se perjudica la imagen del Estado de Honduras sin que este pueda responder en forma apropiada, ya que las acusaciones se hacen en forma genérica y sin presentar pruebas. Para cuando se presente el informe oficial, el daño a la imagen del Estado de Honduras será difícil de reparar.

Hay que enfatizar que el informe de la Comisión es sesgado, necesariamente incompleto y parcializado, y que carece de valor jurídico para condenar al Estado de Honduras.

Llegó a mis manos un pasquín de los partidarios del derrocado presidente Manuel Zelaya. El pasquín cuyo nombre es «Resistencia» y cuya autoría es de el auto-denominado «Frente Nacional contra el Golpe de Estado».

Transcribiré el editorial y luego haré una breve crítica de él, punto por punto:

El pensamiento revolucionario de Francisco Morazán es revivido en la resistencia popular que rechaza negociar con asesinos golpistas que han ofendido la vocación democrática del pueblo.

Cuando llegue el fin de este regimen inhumano representado por Micheletti, los tribunales internacionales enjuiciarán a estos enemigos de la patria que provocaron la muerte de inocentes. Pero será la historia y los pueblos latinoamericanos los jueces más implacables de los enemigos de la libertad como los Facussé, Canahuati, Ferrari, Chukri, Kattan, Kafati, Maduro y toda la oligarquía hondureña.

Los falsos pastores como el Cardenal Rodríguez y Oswaldo Canales también pagarán por la infamia de amapararse en un Dios de paz para justificar la sangre derramada en las calles.

No se transarán los principios y ni se perdonarán la represión y el asesinato. Esta lucha no se detendrá hasta que se haga justicia, se consiga el retorno del presidente de la República Manuel Zelaya y se instaure una democracia participativa a través de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

El pensamiento revolucionario de Francisco Morazán es revivido en la resistencia popular que rechaza negociar con asesinos golpistas que han ofendido la vocación democrática del pueblo.

Es cierto que Morazán era un revolucionario, sin embargo, el movimiento chavista que este grupo de subversivos que se hacen llamar resistencia, no tiene nada que ver con los ideales libertarios del prócer. Todo lo contrario: apoyar el chavismo es entregar la patria a intereses extranjeros.

Cuando llegue el fin de este regimen inhumano representado por Micheletti, los tribunales internacionales enjuiciarán a estos enemigos de la patria que provocaron la muerte de inocentes.

Se miente en forma repetitiva, buscando convertir una mentira en verdad, acusando al gobierno de matar personas con fines políticos. Nos quieren dar a entender que este es un gobierno que asesina sistemáticamente a las personas que apoyan a Zelaya, lo cual es falso.

Pero será la historia y los pueblos latinoamericanos los jueces más implacables de los enemigos de la libertad como los Facussé, Canahuati, Ferrari, Chukri, Kattan, Kafati, Maduro y toda la oligarquía hondureña.

Los enemigos de la libertad son los chavistas-zelayistas, que nos quieren imponer un regimen que la mayoría de los hondureños no queremos. Se busca incitar al odio a empresarios distinguidos, haciéndolos culpables de todos los males, lo cual falta a la verdad.

Examinemos a algunos personajes que tienen estos apellidos:

Adolfo Facussé, por ejemplo, en un principio estuvo de acuerdo con el proyecto de Petrocaribe, que proporcionaba combustibles de Venezuela en condiciones ventajosas para Honduras, pero que después estuvo en desacuerdo con la ALBA por los compromisos políticos y militares de estas. El tener un criterio patriótico como el de Facussé no es ser enemigo del país. Todo lo contrario, los que quieren entregar el país a Venezuela «son unos vende-patria, o unos ignorantes». (Como lo diría el mismo Chávez cuando vino a insultarnos en nuestra propia tierra).

Por su parte, el ex-presidente Carlos Flores Facussé ha tomado una posición calculadora, diciendo que no estuvo de acuerdo con lo que el considera que fue un «golpe de Estado», aunque no apoyó el proyecto de entregar Honduras a Venezuela.

El señor Eduardo Canahuati, propietario de los diarios El Heraldo y La Prensa, ha sido un dolor de cabeza para los partidarios de Mel Zelaya y Hugo Chávez, por la constante crítica que amontonó sobre el gobierno de Zelaya desde que éste inició. Sin embargo, decir la verdad no es un crimen. Y los zelayistas quisieran silenciar este medio, solo por que no hace propaganda a favor del delincuente Zelaya.

Al parecer, para estos individuos, el solo hecho de tener una opinión diferente a la de ellos convierte a los demás en «golpistas inhumanos y enemigos de la patria». Nunca pudieron superar la costumbre de recurrir al insulto en vez de presentar argumentos.

Es curioso, que entre la lista de enemigos a la patria no mencionen al poderoso empresario judío Jaime Rosenthal, a pesar de sus dudosas prácticas empresariales. Tal vez esto se deba a que que un hijo de este señor fue parte del gabinete de Zelaya, y en los medios que éste posee se nota una línea editorial a favor del depuesto presidente. Esto indica la opinión de que «los empresarios siempre son malos si están en contra de nosotros (los chavistas)».

Los falsos pastores como el Cardenal Rodríguez y Oswaldo Canales también pagarán por la infamia de amapararse en un Dios de paz para justificar la sangre derramada en las calles.

Les duele que las personas de fe no se unan a su campaña de odio, y los acusan falsamente de apoyar asesinatos, lo cual es una burda mentira para desprestigiarlos.

No se transarán los principios y ni se perdonarán la represión y el asesinato. Esta lucha no se detendrá hasta que se haga justicia, se consiga el retorno del presidente de la República Manuel Zelaya y se instaure una democracia participativa a través de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Con esto se les derrumba la retórica del «golpe de Estado». Dicen que quieren «restaurar el orden constitucional», pero por otro lado afirman que lo quieren hacer es destruirlo. No tienen, pues, ninguna credibilidad al acusar a otros de «golpistas», si ellos son los verdaderos golpistas, y la acción del 28 de junio estaba destinada a evitar este golpe de Estado.

Por querer convocar ilegalmente a una Constituyente fue que Zelaya fue derrocado. En el «plan Arias», que la comisión de Zelaya dijo al principio haber aceptado, se acordaba no volver a intentar cambiar la Constitución por medios ilegales y renunciar a hacer una encuesta o consulta para lograr este fin; pero vemos que los zelayistas no cejan en su empeño de querer destruir la constitución.

Al parecer, acusar al presente gobierno de «golpista» no surte el efecto esperado. No es suficiente. No pueden alegar que se han incurrido en ilegalidades, cuando ellos quieren destruir todo el fundamento de la legalidad actual, que es la presente constitución; por lo que tienen que recurrir a la burda mentira de que el gobierno está asesinando personas en forma sistemática.

Los zelayistas tienen que recurrir a la mentira para justificarse. Los que aman la verdad tienen que repudiarlos.

Se les nota a leguas su tendencia izquierdista. Uno pudiera pensar, por el nombre de la organización («Frente Nacional Contra el Golpe de Estado»), que ellos intentan agrupar a personas y organizaciones de distinto pensamiento ideológico que consideran que lo sucedido el 28 de junio fue un golpe de Estado.

Pero no. Lo que se nota en el pasquín que divulgan es que ellos representan a grupos de izquierda destructiva y radical. La izquierda destructiva y radical que la mayoría del pueblo hondureño ha repudiado siempre. Esta actitud en contra de este tipo de izquierda fue la que nos impidió entrar de lleno en la confrotación violenta de la guerra fría en los años ochenta.