Archivo de la categoría: pepe lobo

El decreto de Ciudad Modelo (Regiones Especiales de Desarrollo) Dictamen

EL CONGRESO NACIONAL:

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado asegurar una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común.

CONSIDERANDO: Que la reducción de la pobreza y la marginalidad es posible lograrlo creando nuevas oportunidades de empleo, educación y salud al pueblo hondureño, en condiciones de sostenibilidad económica y ambiental.

CONSIDERANDO: Que en la historia reciente de la humanidad algunas sociedades tan pobres como la nuestra han creado las condiciones para crecer aceleradamente convirtiéndose en sociedades desarrolladas y más equitativas mediante la adopción de modelos de gestión pública que descansan en el otorgamiento de altos grados de autonomía a ciertas regiones del país.

CONSIDERANDO: Que es necesario adoptar esos modelos de gestión para permitir al país competir en mejores condiciones y acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación.

Por tanto:

Decreta:

Artículo 1.– Reformar los Artículos 304 y 329 de la Constitución de la República los cuales se leerán de la siguiente manera:

Artículo 304.- Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción. Se exceptúan de esta disposición, los fueros jurisdiccionales de las Regiones Especiales de Desarrollo. Los jueces de estos fueros serán nombrados por el Congreso Nacional por mayoría calificada de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, a propuesta de las autoridades de la Administración de la Región Especial de Desarrollo de que se trate.

Artículo 329.- El Estado promueve el desarrollo integral en lo económico y social, que estará sujeto a una planificación estratégica. La Ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas.

Para realizar la función de promoción del desarrollo económico y social, y complementar las acciones de los demás agentes de este desarrollo, el Estado, con visión a mediano y largo plazo, diseñará concertadamente con la sociedad hondureña una planificación contentiva de los objetivos precisos y los medios y mecanismos para alcanzarlos.

Los planes de desarrollo de mediano y largo plazo incluirán políticas y programas estratégicos que garanticen la continuidad de su ejecución desde su concepción y aprobación, hasta su conclusión.
El Plan de Nación, los planes de desarrollo integral y los programas incorporados en los mismos serán de obligatorio cumplimiento para los gobiernos sucesivos.

Regiones Especiales de Desarrollo (RED)

El Estado establecerá Regiones Especiales de Desarrollo, las mismas son entes creados con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de la región.

Los sistemas que se instituyan en las Regiones Especiales de Desarrollo deben ser fijados por un Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso Nacional con una mayoría calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Una vez promulgado ese Estatuto Constitucional sólo podrá ser modificado, reformado, interpretado o derogado con la misma mayoría antes indicada, previo referéndum a los ciudadanos que habiten la Región Especial de Desarrollo de que se trate.

Las Regiones Especiales de Desarrollo tienen personalidad jurídica, deben contar con su propio sistema de administración pública, emitir su propia normativa legal que deberá ser aprobada o improbada por el Congreso Nacional por mayoría simple de la totalidad de sus miembros, deben contar con su propio fuero jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 304 de esta Constitución, pueden firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y cooperación en materias de su competencia, mismos que deben ser ratificados por el Congreso Nacional; y, tendrán las atribuciones contenidas en los Artículos 15 párrafo final y 297 de esta Constitución.

Las Regiones Especiales de Desarrollo se consideran de naturaleza urbana.

En las materias de presupuesto, impuestos, recaudación, administración de tasas y tributos, así como la celebración de todo tipo de contratos que se extiendan al siguiente período de gobierno y contratar sus propias deudas internas o externas siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras serán reguladas de conformidad a lo que se disponga en su Estatuto Constitucional. Al momento de su creación deberá garantizarse que se respete todo lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de esta Constitución.

Las Regiones Especiales de Desarrollo están sujetas al Gobierno Nacional en todos los temas relacionados a soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes.

Artículo 2.- El presente decreto deberá ser publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el salón de convenciones del Hotel Plaza Juan Carlos a los ____días del mes de Enero Dos Mil Once.

Juan Orlando Hernández Alvarado


Presidente


Rigoberto Chang Castillo Gladis Aurora López Calderón


Secretario Secretaria

Ciudades modelo, según Paul Rommer

Paul Romer es un economista de la Universidad de Stanford que se ha destacado por sus aportes a la teoría económica del desarrollo. Después de escribir varios artículos a finales de los 80’s, Paul Romer dejó la investigación académica para dedicarse a su propia empresa, y ahora él enfoca sus energías en promover su proyecto de Charter Cities.

Luego de un viaje a Estados Unidos, el presidente Lobo y el presidente del Congreso vinieron entusiasmados apoyando las ideas de Romer en Honduras. Y no es para menos. Esta es la oportunidad dorada del desarrollo para Honduras.

La idea esencial de Paul Romer sobre la ciudad modelo es sencilla. La base del desarrollo no es la tecnología por sí misma, ni el conocimiento, son las buenas normas, las buenas reglas expresadas en leyes y costumbres que permiten canalizar la energía creativa de las personas. La causa del subdesarrollo de países como Honduras son las malas leyes que no incentivan la inversión que podría sacar adelante el país.

Por lo que la solución obvia es cambiar las leyes, cambiar las reglas del juego, y todo lo demás vendrá por añadidura.

Sin embargo no es tan sencillo. Los cambios profundos generan una enorme resistencia de los intereses creados y de los reclamos populares.

La solución de Romer es crear una ciudad desde cero en un territorio inhabitado, y proveerla de buenas normas desde el principio, de buenas leyes que incentiven la inversión y la creatividad. Así evitamos la tentaciones autoritarias, el gobierno no tendrá que imponer nada por la fuerza, a nadie se le obligará a que vaya a una ciudad modelo.

A Romer le gusta poner el ejemplo del problema de la electricidad en la República de Guinea, donde los jóvenes tienen que estudiar bajo la luz del alumbrado público por la noche, porque no tienen electricidad en sus casas. Esto se debe, según él, a las malas políticas del gobierno, que establece un precio tan bajo para la electricidad que hace perder dinero a la firma que la provee por cada unidad vendida, por lo que no hay incentivo alguno para conectar a más usuarios. Cuando el presidente de Guinea intentó cambiar está situación tuvo que retroceder ante la presión de las empresas y consumidores acostumbrados a pagar tarifas bajas. En contraste, las compañías de celulares no tiene esta restricción, por lo que hay jóvenes que no tienen energía eléctrica en sus casas que sí tienen celulares.

La solución para este dilema es darle más opciones al pueblo, y más opciones a los líderes, y la ciudad modelo es el instrumento que nos permite darle más opciones a ambos. En vez de arremeter de frente contra la resistencia al cambio simplemente la evadimos.

A mucha gente le preocupa que con las charter cities se esté entregando territorio nacional a potencias extranjeras o inversionistas privados, sin embargo, tal cosa no es necesaria en el modelo que propone Romer. Siguiendo el ejemplo de la ciudad de Shenzen en China, Honduras misma podría poner las nuevas reglas del juego para la ciudad modelo, aunque otros pongan la plata. Sin embargo, el tener a un país o una empresa fuerte que nos patrocine puede traer más credibilidad al proyecto, una credibilidad que quizá el país no tenga por sí mismo.

El tema de la soberanía nacional es bastante sensible, y debe ser manejado con cuidado, sin olvidar que el fin último del Estado es la persona humana, según la doctrina del humanismo cristiano que pregona el presidente Lobo. No debemos cerrarnos tercamente en contra de un proyecto que puede beneficiar a miles de compatriotas en nombre de un patriotismo mal entendido. Los verdaderos patriotas buscan beneficiar a su patria, y sin duda esta es una oportunidad única para levantar la calidad de vida de muchos hondureños.

Hay quienes proponen que en la ciudad charter se apliquen las mismas leyes que en el resto del territorio, para preservar la legalidad y no mancillar la soberanía nacional. Pero esto no tiene sentido. El propósito de las charter cities es proveer de mejores reglas, normas o leyes de las que ya pueden ser aplicadas en el resto del territorio nacional. Si no cambiamos las reglas del juego no habrá manera de atraer la masiva inversión nacional y extranjera que impulsará el desarrollo. Si las leyes y el sistema de gobierno hondureño fuera el mejor no habría ninguna necesidad de crear ciudades modelo.

Pepe Lobo es un lacayo de Mel Zelaya

Pepe Lobo ha demostrado con sus palabras y acciones que él simpatiza más con la causa de Manuel Zelaya que con los propósitos de quienes los adversan, a pesar de la campaña internacional que quisiera sugerir lo contrario. Y no sólo simpatiza Lobo con Zelaya, sino que para él, los intereses de Zelaya están por encima de los intereses nacionales. Aunque él alegue que todo lo que hace por Zelaya lo hace porque quiere hacer retornar a Honduras a la OEA.

Después del digno papel de Roberto Micheletti defendiendo el orgullo nacional ante una comunidad internacional incomprensiva que denunció como golpe de Estado la legítima defensa de Honduras ante las pretensiones expansionistas del imperialismo chavista representado por Mel Zelaya, a Pepe Lobo le quedó grande la camisa de presidente de Honduras.

Pepe Lobo es indigno de ser llamado presidente de Honduras. Pepe Lobo vende barato el país a sus enemigos. Pepe Lobo ofrece todo sin pedir ninguna garantía a cambio. No había sido juramentado aún como presidente cuando ya se había comprometido a dejar libre a Mel Zelaya, enemigo jurado del Estado de Honduras. A cambio de eso, el presidente Leonel Fernández de la República Dominicana se comprometía a apoyar a Lobo en gestiones para el reconocimiento internacional de su gobierno. La realidad es que estas promesas quedaron en nada, y el gobierno de Lobo sigue sin se reconocido por varios países de América.

Pepe Lobo, antes de asumir el poder, gestionó para que Juan Orlando Hernández, un incondicional suyo, asumiera la presidencia del Congreso Nacional, porque era su deseo tener un Congreso sumiso que no le hiciera oposición. Pepe Lobo buscó desde el principio concentrar en forma anti-democrática el poder en sus manos.

Con un Congreso dominado por una mayoría nacionalista aplastante, conocida como la “aplanadora azul”, Lobo consiguió la amnistía para los delitos políticos de Zelaya. Esto se hizo en forma apresurada, sin echar mano del diálogo para tomar una decisión tan importante.

Mientras durante la crisis política del 2009 Lobo insistía en la necesidad del diálogo entre las partes enfrentadas, siendo ya presidente se complace en ejercer un torpe autoritarismo rural, muy parecido al de Zelaya, y solo habla de diálogo para favorecer las pretensiones zelayistas de convocar a una Constituyente.

Su primer acción importante como presidente de la República, en la toma de posesión del 27 de enero del 2010, fue firmar la amnistía para los delitos políticos de Zelaya y sus secuaces, creyendo ingenuamente que con eso ganaría el favor de los países chavistas para regresar a la OEA. Y su segundo desacierto fue proporcionar un salvoconducto para que Zelaya pudiera evadir la justicia hondureña, escoltando personalmente a Zelaya en su trayecto de la embajada brasileña hasta el aeropuerto para que ninguna autoridad se atreviera a capturarlo.

Evidentemente, Lobo cometió una ilegalidad al facilitar el escape de Zelaya, cuando lo correcto hubiera sido ofrecerle asilo político. Pero Lobo se cree intocable, y no tiene temor de cometer ilegalidades, confiando en que el país ya no puede soportar los efectos de otra destitución presidencial. Es de de lamentar que las primeras acciones de Lobo hayan llenado de vergüenza a la hondureñidad violando la ley que en ese mismo día prometió cumplir.

Lo irónico es que después de haber dejado escapar tan fácilmente a Zelaya, ahora no haya como hacer para lograr que regrese, bajo las presiones de la “comunidad internacional” que pone el regreso de Zelaya con total impunidad como una de las condiciones para normalizar plenamente sus relaciones con Honduras. Por eso Pepe Lobo insistió durante todo este año que quería favorecer el regreso de Zelaya, garantizándole que no iría a la cárcel y que podría defenderse en libertad.

Estas declaraciones de Lobo constituyen un claro desafío a la independencia del Poder Judicial. Y en el colmo de su servilismo hacia Zelaya, Lobo se ofreció a ir personalmente a traerlo de República Dominicana a Honduras, para garantizarle que nadie lo va a capturar. Aunque Pepe Lobo bien sabe que no le corresponde a él decidir sobre la suerte de Zelaya, sino al Poder Judicial. Será el juez encargado de dirigir el juicio de Zelaya cuando él venga el que decidirá si Mel puede defenderse en libertad o no.

Pese a todos los esfuerzos de Lobo para que Zelaya goce de impunidad, Mel no hace más que tratar con desprecio a su fiel servidor Lobo. Zelaya sigue desconociendo todo el estamento jurídico del Estado de Honduras, alegando que hubo un golpe de Estado que anuló toda legalidad. Y esa es su excusa para no dar cuenta de sus delitos. Tanto servilismo de parte de Pepe Lobo disminuye la auto-estima nacional, que estuvo muy en alto en la gestión de Micheletti.

Pepe Lobo dice: “No quiero ver preso ni a Zelaya ni a los militares”. Insinuando así que los militares fueron culpables de un golpe de Estado. De hecho, en España dijo muy orondo que lo que sucedió en Honduras “fue un golpe”. Con este tipo de declaraciones Pepe Lobo le da la razón a sus enemigos que quieren deslegitimar su gobierno. En su afán de quedar bien con Mel se desprestigia a sí mismo y de paso desprestigia al pueblo hondureño que lo apoyó con su voto.

Otro desacierto de Lobo fue su gestión para nombrar unos defensores de oficio para Zelaya, que lo defiendan, a pesar del rechazo de Mel a someterse a un sistema legal que él desconoce. Esta aberración jurídica que busca la impunidad de Zelaya no hace más que provocar comentarios hirientes del supuesto beneficiado.

También resulta preocupante la inseguridad jurídica provocada por el problema agrario en el Bajo Aguán, en la que el ministro zelayista del INA, César Ham, atiza el fuego del conflicto en vez de buscarle una solución legal, y a todo esto Lobo se rehúsa a destituirlo.

Ante toda esta actuación deplorable de Lobo, resultan naturales las críticas de los hondureños preocupados, a las que Lobo responde con desparpajo, acusando a los que lo adversan de ser extremistas que se oponen a la reconciliación nacional.

Lobo ha cometido la grosería de quitarle la ciudadanía hondureña a Federico Álvarez, un hondureño naturalizado que lo ha criticado por sus desaciertos. El ministro de gobernación, Áfrico Madrid, argumentó falazmente que por ser ciudadano naturalizado no tenía derecho a participar en política y que las críticas que Álvarez hacía desde su columna en La Tribuna eran una injerencia política de parte de un extranjero. Lo cual es falso. Todo hondureño naturalizado tiene los mismos derechos que un hondureño de nacimiento, a excepción de poder aspirar a la presidencia.

Al quitarle la ciudadanía a Federico Álvarez el gobierno de Lobo ha cometido un grave atentado contra la libertad de expresión en Honduras, actuando vengativamente, en contra de su promesa de buscar la reconciliación nacional. Y ante la lluvia de críticas que como es natural le vinieron por esta acción, el arrogante Lobo, en vez de rectificar, amenaza con quitarle la ciudadanía a más hondureños naturalizados, asegurando tener una lista de cinco individuos más a los que se le quitará su ciudadanía.

Y mientras tanto, la prensa chavista-zelayista sigue arremetiendo contra el gobierno de Lobo, fabricando en su contra escandalosas acusaciones de violaciones de los derechos humanos que ni ellos mismos se creen. De nada servirá la reciente creación de una Secretaría de Derechos Humanos para parar la avalancha de denuncias sin fundamento, mientras la máquina internacional de propaganda chavista siga trabajando a todo vapor para desprestigiar a Honduras

Pese al servilismo de Lobo, Honduras sigue fuera de la OEA. De nada sirvió ir más allá de lo pactado en el tratado Tegucigalpa–San José, porque la “comunidad internacional” sigue inventando más condiciones para aceptar a Honduras como un miembro con plenos derechos en el concierto de las naciones. Los chavistas no perdonan que Honduras se les haya escapado de las manos y no descansarán hasta tenerla de nuevo bajo su control.

Los temores de la derecha hondureña

Lo que impulsó el derrocamiento de Zelaya fue el miedo, el miedo de que se convirtiera en un dictador chavista. Este miedo le dio fuerza al gobierno interino para soportar la enorme presión internacional en su contra.

Pero ahora, ese miedo cobra factura cuando impide actuar en una forma racional ante los desafíos que enfrenta el país.

Las acciones del presidente Lobo son comparadas con las que tomó Zelaya en su tiempo, y al hallar cualquier parecido se procede a sonar las alarmas. Que si Zelaya era autoritario, y Pepe también tiene inclinaciones autoritarias, eso significa que van de la mano por el mismo camino del chavismo.

Si Mel Zelaya se enfrentó a la Corte Suprema de Justicia en el asunto de la cuarta urna, y Pepe Lobo hace algo parecido con el asunto del Canal 8, eso quiere decir que Pepe va por el mismo camino de Mel, y merece el mismo castigo. Así razonan, con extraordinario simplismo.

Como la OEA y la ONU condenaron lo que entendieron como un golpe de Estado en Honduras, hay militantes de derecha que rechazan por principio cualquier ayuda en temas de justicia y derechos humanos que venga de estas organizaciones. Como si no existiera impunidad en Honduras, como si el sistema de justicia fuera super-eficiente que no necesita ser perfeccionado, como si no hubieran violaciones a los derechos humanos en Honduras: así actúan los chauvinistas hondureños, por una mera reacción emocional contra los que consideran enemigos suyos, viendo conspiraciones de izquierda donde no las hay.

Honduras no se puede aislar del mundo permanentemente. Honduras necesita de las ayudas internacionales para financiar su presupuesto, por lo que tiene que ceder en algo ante otros países, aunque se hiera el orgullo de los chauvinistas.

Sobre el Bajo Aguán, dicen que Pepe Lobo está expropiándole las tierras a Miguel Facussé, a pesar de que no se ha emitido ningún decreto de expropiación. No piensan que tal vez Pepe no quiere solucionar el asunto de invasiones mandando a la policía para no producir una masacre y una espiral de violencia, y por eso buscó una solución negociada.

Sobre el Canal 8, el gobierno no le ha expropiado nada a Teleúnsa, solo se procederá a hacer una migración de frecuencia para el canal que ésta había solicitado. Esto no es la primera vez que se hace, por lo que no tiene que causar ningún escándalo. Todas las frecuencias que el Estado asigna le pertenecen a él mismo, quién solo las da en concesión a quien estime conveniente, por lo que no tiene sentido hablar de «expropiación de frecuencias».

Sobre la Secretaría de Derechos Humanos, no hay nada malo en principio con tener tal ministerio. Pero hay quienes ya se están imaginando que esta sería usada en forma vengativa por los zelayistas, y por eso se oponen a ella.

La cultura de la sospecha, la cultura del miedo, el miedo a la sombra de Zelaya, es lo que está cultivando la torpe derecha de este país. Se reacciona en base al miedo, y no en base a la razón.

Así como la izquierda zelayista carece de un planteamiento teórico que la guíe en su accionar, y se basa en puras consignas, así también a la derecha hondureña le hace falta reflexión, y no atina a establecer sus metas y prioridades. Por que no tiene sentido estar hablando de derrocar a Pepe —como algunos lo hacen— por temas que les producen inquietud, pero que no son determinantes, como el asunto del Canal 8.

No es sabio rechazar ayudas para Honduras por los temores infundados de una supuesta conspiración izquierdista para desestabilizar al país. Si viene una Comisión contra la Impunidad de la ONU, hay que darle la bienvenida. Para cualquier cosa que nos pidan, hay que hacer una análisis de costo/beneficio y actuar racionalmente, no basándonos en prejuicios.