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Decreto de destitución de Manuel Zelaya debe ser derogado

«El Congreso debe decidir no decidir sobre la restitución de Zelaya»

Según el informe de la Biblioteca Legal del Congreso de los Estados Unidos, la destitución de Manuel Zelaya de la presidencia de la República fue legal. La tesis de Norma C. Gutiérrez, la especialista en Leyes Extranjeras autora del informe, es que aunque el Congreso hondureño no tiene la atribución explícita de destituir a un presidente, éste si tiene la facultad de interpretar la Constitución; y el Congreso al destituir a Zelaya habría interpretado implícitamente que la facultad de «improbar» la administración del Poder Ejecutivo -facultad que sí le da la Constitución- incluye la facultad de destituir a un presidente.

Sin embargo, la falla en la tesis de Gutiérrez es que el artículo de la Constitución que faculta al Congreso a interpretar la misma establece que esta interpretación se debe hacer en forma explícita, y en sesiones ordinarias del Congreso. Pero la sesión del Congreso en que se destituyó a Zelaya fue claramente extraordinaria, en el domingo 28 de junio pasado.

Esto significa que el decreto de destitución que emitió el Congreso fue ilegal.

Ahora que en el Acuerdo Guaymuras se establece que es el Congreso el que debe decidir sobre la restitución o no restitución de Zelaya a la presidencia, el Congreso tiene la oportunidad de derogar ese decreto ilegal.

Sin embargo, esto no significa que Zelaya deba ser restituido al poder. La tesis del gobierno de Micheletti es que Zelaya ya no era presidente cuando fue expulsado a Costa Rica, en virtud del artículo 239 de la Constitución de la República, que hace cesar inmediatamente en su cargo al funcionario que proponga la reelección presidencial. Si esto es correcto, la destitución de Zelaya no fue obra del Congreso, sino de la misma Constitución. Por lo tanto, Zelaya no puede ser restituido por el Congreso. El artículo 239 establece que el que incurre en el delito político de proponer la reelección queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en un período de diez años.

Sin embargo, Zelaya puede alegar que él nunca ha violado el artículo 239, que él nunca ha propuesto la reelección presidencial. En este caso, es la Corte Suprema de Justicia la que debe pronunciarse sobre el asunto. Por lo tanto, el Congreso debe decidir no decidir sobre el asunto de la restitución de Zelaya. Debe remitirle a la Corte Suprema de Justicia esa responsabilidad.

El problema es que es dudoso que el Congreso derogue el artículo que destituyó a Zelaya con base en la argumentación que presento, ya que estaría admitiendo que se cometió un delito de usurpación de funciones.

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Sorpresivo acuerdo entre Micheletti y Zelaya

El regreso de Manuel Zelaya al país, el 21 de septiembre pasado, posibilitó que se reiniciara el diálogo que se había entorpecido bajo la dirección de Óscar Arias, presidente de Costa Rica y mediador con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos, y la OEA.

Manuel Zelaya ha permanecido este tiempo refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, por temor a ser capturado sobre la policía, ya que sobre él penden 18 órdenes de captura.

En el diálogo Guaymuras -que así se le llamó a estas jornadas intensivas de diálogo- tomó como base el documento conocido como «Acuerdo de San José», presentado por Arias. Se fue discutiendo punto por punto los apartados de este documento, descartando algunas partes, modificando otras. Un punto importante que se descartó fue la amnistía para ambas partes.

Pero el punto donde se estancó el diálogo fue en el asunto de la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia de la República.

Ambas partes, Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, aparecían con posiciones diametralmente opuestas, aparentemente imposibles de conciliar en un diálogo, pero la creatividad de la comisión de Micheletti fue lentamente abriendo camino para que se pudiera lograr un acuerdo.

Casi al final se decidió que una institución del Estado decidiera sobre la restitución de Zelaya. La comisión de Micheletti sugería que fuera la Corte Suprema de Justicia, pero la comisión de Zelaya insistía en que debía ser el Congreso Nacional.

Se habló también de la posibilidad de una tercería, es decir, que una persona diferente a Micheletti y Zelaya asumiera la presidencia, de acuerdo al proceso de sustitución del artículo 242 de la Constitución política de Honduras. Manuel Zelaya descartó de plano esa posibilidad, dijo que eso equivaldría a un «segundo golpe de Estado».

Zelaya dio por fracasado el diálogo el viernes 23 de Octubre, y dijo que éste se reanudaría solamente cuando el «gobierno de facto» mostrara una clara voluntad de restituirlo en la presidencia.

Fue la delegación de alto nivel del Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezada por Thomas Shannon, el cual es secretario adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental, la que logró que las partes volvieran a sentarse a la mesa del diálogo. Esta comisión vino a Honduras el martes 27 de Octubre.

En la noche del jueves 29 de Octubre, Thomas Shannon anunció que las partes acababan de firmar un acuerdo.

La solución de compromiso en el asunto de la restitución de Zelaya fue que se consultaría al Congreso sobre el tema, con una previa consulta de éste a la Corte Suprema de Justicia.

Las partes se comprometen a respetar y a cumplir la decisión que tome el Congreso. Manuel Zelaya se compromete a apoyar las elecciones que se realizarán el 29 de Noviembre, y a renunciar a su proyecto de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de crear una nueva Constitución política para Honduras. Esto deberá hacerlo aún en el caso en que el Congreso decida en forma contraria a sus aspiraciones de ser restituido en la presidencia.

En vista de este acuerdo, Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea rápidamente se comprometieron a apoyar las próximas elecciones desde ya.

¿Será restituido Zelaya?

Es la pregunta que flota en el ambiente.

Manuel Zelaya está muy optimista en que el Congreso decidirá en su favor, no obstante que fue esta institución del Estado la que lo destituyó el 28 de junio, y que juramentó a Roberto Micheletti como nuevo presidente constitucional de la República. La configuración de las fuerzas políticas no genera muchas expectativas de confirmar las esperanzas del ex-mandatario.

Tampoco se espera que la Corte Suprema de Justicia cambie de opinión al respecto. Y en el peor de los casos (o en el mejor, depende como se mire) una restitución de Zelaya por el Congreso probaría ser inefectiva si la Corte Suprema de Justicia no suspende las órdenes de captura que penden sobre el ex-mandatario, el cual ha descartado el tema de la amnistía.

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De nuevo Mel Zelaya

Sobre el informe de la Biblioteca Legal del Congreso de EEUU sobre la destitución de Zelaya

El informe de la Biblioteca Legal del Congreso de Estados Unidos sobre el asunto de la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya, preparado por Norma C. Gutiérrez, especialista en Leyes Extranjeras, admite que «la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de conducir procedimientos judiciales en contra del Presidente» (es decir, que en Honduras no hay juicio político), y que las cortes hondureñas pueden requerir la colaboración de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo órdenes de arresto. (Art. 306 de la Constitución).

(Leer el informe en inglés y español.)

El 28 de junio el Congreso destituyó al presidente de la República. El Congreso justificó esta decisión con el artículo 205 sección 20, que da al Congreso la facultad de aprobar o improbar la conducta admnistrativa del Poder Ejecutivo. Este artículo no contempla explícitamente la posibilidad de que el Congreso pueda destituir un presidente.

Según Norma Gutiérrez, el Congreso habría interpretado tácitamente que la palabra «improbar» también incluía la posibilidad de destituir al presidente.

El Congreso tiene la facultad de interpretar la Constitución, según el artículo 205, sección 10, de la misma Constitución. Gutiérrez considera que al destituir al Presidente Zelaya, el Congreso habría hecho uso implícito de esa facultad.

El único delito que se cometió fue expulsar al señor Zelaya del país, ya que la Constitución prohibe que un hondureño sea expatriado.

Este análisis jurídico difiere de la posición oficial del gobierno de Micheletti, que pone énfasis en el artículo 239 de la Constitución como justificación de la destitución de Zelaya. Este artículo prohibe la reelección presidencial, y castiga con el cese inmediato en su cargo del funcionario que intente reformarlo.

Con base en esta interpretación se dice que Zelaya ya no era presidente cuando fue capturado por los militares y enviado a Costa Rica. El Congreso solo habría formalizado esa destitución automática de Zelaya.

Zelaya dijo públicamente por lo menos una vez que otros funcionarios del Estado podrían servir en varios períodos, y que el asunto de la reelección presidencial sería tema de la próxima asamblea nacional constituyente.

El problema con la interpretación de Gutiérrez es que el Congreso no siguió el procedimiento formal para interpretar la Constitución al destituir a Zelaya. Este procedimiento requería hacerse en una sesión ordinaria del Congreso, lo que no fue el caso cuando se destituyó a Zelaya. La sesión del 28 de junio no fue ordinaria, sino extraordinaria. La Constitución deja claro que ningún funcionario público tiene más atribuciones que aquellas que le confiere la ley.

De nuevo Mel Zelaya

Este es un resumen de algunos de los acontecimientos en Honduras desde el regreso de Manuel Zelaya al país hasta el día de hoy.

Mel Zelaya apareció el pasado lunes 21 de septiembre en Tegucigalpa, después de haber permanecido fuera del país por tres meses, al haber sido derrocado legalmente el 28 de junio.

En medio de una confusión inicial, en la que el gobierno de Micheletti negó en un principio su presencia, Zelaya apareció en la sede diplomática de Brasil en Tegucigalpa, después de que se dijo de que estaba en el edificio de las Naciones Unidas en la misma ciudad.

Las primeras declaraciones de Zelaya fueron las de un llamado al diálogo, sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que gritara la consigna de «Patria, restitución, o muerte», lo que constituye un claro llamado hacia la insurrección y la violencia.

Zelaya continúa atrapado en la sede diplomática de Brasil, en medio de un cerco de policías y militares, pero su presencia en el país ha envalentonado a sus seguidores para arreciar sus acciones violentas y delictivas.

Alrededor de mil personas permanecieron la noche del lunes 21 frente al inmueble diplomático, los que fueron desalojados por la fuerza a tempranas horas del martes 22 por las fuerzas del orden, luego de las acciones vandálicas en las que fueron destrozados los vidrios de los vehículos estacionados en las inmediaciones, y hasta de asaltos a los vecinos de la localidad de la embajada, que se encuentra en la colonia Palmira de Tegucigalpa.

Se dice que Zelaya esperaba la venida de medio millón de personas para recibirlo, que lo condujeran en una marcha triunfal hacia la Casa de Gobierno a reinstalarlo en el poder. Sin embargo, la asistencia fue muy pobre. Zelaya no tiene la popularidad que él cree tener.

Zelaya ha caído en una trampa, en una ratonera diplomática, en medio del hacinamiento producido por sus seguidores, que poco a poco han ido desalojando la embajada, que de llegó a tener 300 personas seguidoras de Zelaya, y que ahora alberga alrededor de 40 zelayistas, incluyendo a la esposa de éste, Xiomara Castro.

Por esta razón, el vocero alterno de Estados Unidos en la OEA considerá que la acción de Zelaya de volver al país sin un acuerdo político previo es «irresponsable y estúpida».

Manuel Zelaya, después de haber disfrutado de habitaciones de lujo pagadas con dineros del pueblo venezolano (Hugo Chávez ha patrocinado sus viajes por todo América, buscando aplicar sanciones más fuertes contra Honduras para forzar su restitución) ahora se encuentra en una situación precaria.

La violencia producido por sus seguidores llegó a los barrios de la capital el martes 22 con el saqueo de supermercados y tiendas de electrodomésticos en horas de la noche de ese mismo día.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido que se respete la sede diplomática de Brasil, y que «cese el acoso» de las fuerzas públicas hondureñas, ignorando en todo momento que es Honduras la víctima de la agresión del gobierno de Brasil, que ha permitido que su inmboliario diplomático sirva de centro de agitación política. El gobierno de Brasil todavía no ha definido el estatus legal de Zelaya, éste permanece como un huesped de la sede diplomática, y no tiene la condición de asilado.

Si la fuerza pública hondureña irrumpiera en la sede diplomática para capturar a Zelaya, esto sería perfectamente legal, ya que el recinto diplomático no tiene para Honduras la categoría de una embajada, ya que actualmente no existen relaciones diplomáticas con ese gobierno. Sin embargo, esto tendría seguramente graves consecuencias para Honduras, ya que el gobierno actual es ampliamente ignorado por los presidentes del mundo. No queremos dar ninguna excusa para que nuestro suelo patrio sea invadido.

La presencia de Zelaya en Honduras es más que una incomodidad con sus constantes llamados a la insurrección y a la violencia. Las pérdidas por los toques de queda a nivel nacional son millonarias. El vandalismo y la subversión contra el gobierno aumentó con la venida de Zelaya. Lo más conveniente hubiera sido capturar a Zelaya para someterlo a juicio, lo que podría servir de alguna manera para lavar el nombre de nuestro país, ya que se acusa al presente gobierno de haber cometido un golpe de Estado al haber expulsado del país a Zelaya, sin antes haberlo sometido a un proceso legal completo.

La noche del jueves 24, los cuatro candidatos presidenciales que se comprometieron con el presidente tico Óscar Arias de impulsar el diálogo entre el gobierno interino y Zelaya en el marco de las conversaciones de San José, se reunieron con Zelaya en las instalaciones de la embajada brasileña en Honduras. Las conversaciones se dieron en un clima de cordialidad, y aparecieron fotografías de Zelaya abrazándose con cada uno de los candidatos presidenciales. Se pensó que esto significaba una disminución de la tensión y de una pronta solución al conflicto, ya que Zelaya ha acusado a estos candidatos de ser «golpistas». Sin embargo, esta ilusión duró poco, ya que Zelaya continúo haciendo llamados a sus seguidores para «continuar la batalla» contra el gobierno interino.

Lo países de la OEA y la Unión Europea anunciaron que harían retornar a sus embajadores, que después del cambio de gobierno fueron llamados «a consultas» a sus respectivos países, y esto con el fin de presionar por la restitución de Zelaya. Sin embargo, el gobierno anunció que para admitir el retorno del personal diplomático primero deben normalizarse las relaciones con el gobierno actual. Con esto se frustan los planes de Zelaya de crear un «gobierno paralelo» con la ayuda de la «comunidad internacional».

Para este efecto, también se ha dicho que el Fondo Monetario Internacional asignaría una millonaria cantidad de dólares a ex-funcionarios del gabinete económico de Zelaya, con el fin de apoyar la política monetaria del país. Sin embargo, al no tener Zelaya acceso al Banco Central, no se sabe como haría Zelaya uso de estos recursos.

El gobierno se dio a respetar el domingo 27, cuando una comisión técnica de la OEA de cinco personas vino al país sin haber solicitado el permiso correspondiente. Cuatro de estas cinco personas tuvieron que salir del país sin haber conseguido su objetivo.

El vocero alterno de Estados Unidos ante la ONU, Lewis Anselem, dijo que esta acción del «gobierno de facto» era un insulto a la comunidad internacional. Sin embargo, no toma en cuenta que etiquetar al gobierno de Micheletti como «de facto» es un insulto contra la mayoría del pueblo hondureño, que entiende que la sucesión presidencial se hizo de acuerdo a la Constitución hondureña.

Estados Unidos también ha insultado a nuestro país al quitarle la visa a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por haber procedido de acuerdo a las leyes del país en el caso del señor Zelaya. Como ha insultado a varios empresarios hondureños, al quitarles la visa por sus opiniones políticas.

Sin embargo, como somos un país pequeño, se espera que renunciemos a nuestra dignidad y nos traguemos nuestro orgullo.

El mismo domingo 22, se anunció en cadena nacional de la existencia de un decreto del Poder Ejecutivo que restringe algunas garantías constitucionales que tienen que ver con la libertad personal, la libertad de asociación, la libertad de locomoción y la libertad de expresión. Esto se hizo ante los llamados de Zelaya a sus seguidores para hacer la batalla para una «ofensiva final» contra el régimen de Micheletti.

Se razónó que era preferible tomar estas medidas que someter a la población a largos toques de queda, como el que se adoptó el lunes 21 cuando se supo de la presencia de Zelaya en el país.

Sin embargo, la medida ha tenido una fuerte oposición en el Congreso, y en la comunidad internacional, aunque goza de una fuerte aceptación popular. El decreto de estado de sitio continúa vigente, y desde el lunes 28 fueron sacados del aire la radioemisora «Radio Globo» y el canal 36, también conocido como «Cholusat Sur». Estos medios se dedicaban a la desinformación y a la agitación política.

Ante las presiones adversas, el presidente Micheletti ha dado marcha atrás y planea derogar el controversial decreto de estado de sitio en los próximos días.

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Honduras, el señor Hugo Llorens, ha estado cabildeando con políticos y empresarios por la restitución de Mel Zelaya al poder, pero el gobierno de Micheletti continúa firme en la defensa de la libertad y la Constitución. Las medidas del estado de sitio han sido para preservar la libertad y la Constitución, no para anularlas. La figura del estado de sitio es reconocida y regulada en la Constitución hondureña en el artículo 187 de ésta, y en la constitución de otros países, y también en convenios internacionales.

Hoy finaliza el mes de septiembre, y todavía no se vislumbra una solución al conflicto.