Las declaraciones de Enrique Ortez Colindres al Canal Cholusat Sur han dado de que hablar a los medios zelayistas, quienes ahora consideran probado más allá de toda duda que lo que sucedió el 28 de junio del 2009 fue un golpe de Estado militar, por la boca de un ex-funcionario del régimen.

¿Pero qué fue exactamente lo que dijo Ortez Colíndres?

Para sorpresa y desmayo de los que defendieron a Micheletti, Ortez Colindres afirma ahora que el verdadero poder en el gobierno de Micheletti eran los militares, y que éste debía responder por sus acciones a los militares. En otras palabras —según interpreto las declaraciones de Ortez— Micheletti tenía un poder limitado por el Ejército. Tanto así que no podía a sentarse a negociar directamente con Hugo Chávez —el dueño del circo, por así decirlo— una salida al conflicto, porque los militares, que son los que ostentaban el poder real, se hubieran opuesto. La situación cambia actualmente, ya que el gobierno de Lobo no le debe obediencia a los militares, porque su legitimidad se basa en las urnas.

¿Pero fue golpe de Estado o no?

Ortez Colindres no se decide a calificar la expulsión de Zelaya como tal, alegando que lo que sucedió en Honduras fue algo “sui generis”. No queda probado, por lo tanto —en la opinión de Ortez Colíndres— que lo sucedido el 28 de junio fuera un golpe de Estado, aun cuando a veces lo llame así en su conversación con Esdras Amado López, un periodista más al servicio de Hugo Chávez.

Para escuchar lo que dijo exactamente, oigan desde el minuto 3 el video incrustado en este post.

Transcripción de Entrevista

Ortez Colíndres dijo: “Cuando yo estuve de asesor de Micheletti, yo estuve de frente contra Chávez. No estoy de acuerdo con Chávez, pero soy un hombre que soy capaz de negociar con cualquier enemigo. Entonces, al enemigo hay que sentarlo en la mesa para llegar a puntos de [inaudible]…»

El periodista zelayista Esdras Amado López pregunta: “¿No habían condiciones con Micheletti para que se sentara con Chávez, y porqué?”.

Ortez Colindres contesta: “No habían condiciones por una razón fundamental: porque el enemigo del Ejército de Honduras es Chávez. Si Micheletti había sido puesto en la jerarquía de mando por el Ejército, yo no creo que Micheletti haya tenido el valor, ni la capacidad individual de irse a sentar con Chávez sin tener la aprobación del mandatario que lo puso en ese momento, que eran las Fuerzas Armadas. Hoy es diferente…”

El periodista interrumpe: «Permítame un ratito… ¿Que Micheletti no podia sentarse con Chávez si no tenía qué…?”

Ortez Colíndres responde: “Si no tenía… Póngale así: si yo soy un político…”

—Permítame doctor, usted me dice que el presidente no se podía sentar con Ez [sic] mientras los militares, que eran los mandatarios, no se lo permitieran.

—Hubiera sido una locura sin más.

—¿O sea que al presidente quienes lo ponen son los militares?

—Los militares son los que hacen que corra la cadena jurídica y lo ponen.

—¡Ah! ¿O sea que éste fue un golpe de Estado militar?

—Mire, este es un caso sui géneris. Unos dicen que fue un golpe de Estado…

—No, no, no. Por lo que usted está revelando esta noche…“

—El Ejército lo puso.

—¿Cómo?

—El Ejército lo puso.

—¿A Roberto Micheletti?.

—Sí. Ajá, ¿y que más?

—No, no hay más… ¿Fue un golpe militar?

—Para qué se lo voy a negar.

—Gracias… porque, porque… es un golpe…

—El Ejército lo puso, y el Ejército fue el garante para la sucesión…

—Ajá, ¿y no es que era una “sucesión presidencial”?

—Es que ellos hicieron la sucesión.

—¿Quiénes? ¿Los chafas?

—Los chafas, claro que sí.

—O sea: ¿Los chafas tuvieron la capacidad de convencer al Congreso, de convencer a la Corte, de convencer al Fiscal… de tumbar a Mel para poner a Micheletti?

—¡No, no, no! Perdone. Los chafas… Si Mel se quiere sentar en las bayonetas…

—Eso ya está suficientemente discutido. Pero usted me acaba de decir que…

—No. Vamos al germen, vamos al germen del golpe. Yo les dije: “Vayan a ver a Mel para rescatarlo. Pero Mel Zelaya es olanchano, y los va a mandar a la “m” si ustedes le van a pedir que pare la cuarta urna. Prepárense que [inaudible]”. Y cuando salieron de ahí expulsó y destituyó hasta en la televisión a Vásquez Velasquez. ¿Entonces… qué sucedió? El Ejército comenzó a pensar: “Ajá, ¿y quién es el que sigue?”

—¿O sea que Vásquez se sintió ofendido por Mel?

—No solamente… ¡Lo echó fuera! ¡Si lo destituyó hasta en la televisión!

—Sí.

—¿Entonces quién era el segundo que iba a destituir Mel? Ya solo faltaban 24 horas para que justamente las elecciones amañadas que tenía Mel se hubieran practicado. Y al llegar Mel al poder, 48 horas después hubiera disuelto al Ejército, hubiera disuelto al Congreso, y se hubiera armado prácticamente un gobierno a base de una Constituyente.

—¿Y entonces por eso…?

—Por eso es que corre la quinta, por eso al irse Mel se pone al que sigue en la Constitución.

—¿Cómo qué al irse Mel? ¡Al sacar a Mel!

—Póngalo así, pues. Póngale lo que quiera.

—¡No, no, no! ¡Lo que ocurrió!

—Póngale que al sacar a Mel no se podía romper el orden juridico…

—¿Y quién decide sacar a Mel? ¿Los chafas?

—Los chafas son los que sacan a Mel.

—¡Oiga lo que está diciendo, doctor!

—Es que yo no me arrepiento.

—No. ¡Oiga lo que está diciendo! ¡Usted le está echando la culpa a Romeo Vásquez Velasquez de este golpe!

—A las Fuerzas Armadas de Honduras

—Ajá, ¿y quién era el Comandante en Jefe?

—Mel.

—¿Ah?

—Mel.

—¡Es paja!

—Era el jefe. Ajá, ¿y entonces qué pasó? ¡No cumplieron las órdenes arbitrarias de romper la Constitución!

—¡Vaya!

—¡Ahh!

—¡Qué interesante! Vamos a hablar de esto. Lo voy a invitar al programa.

—Invíteme, que va a ser un placer.

Después de 7 gobiernos civiles consecutivos, cuando se creían extinguidos los fantasmas de los golpes de Estado militares, el mundo se enteró que el 28 de junio el presidente Manuel Zelaya había sido capturado por unos militares y enviado en avión a Costa Rica.

La condena a esta acción fue inmediata y universal en la comunidad internacional, y se catalogó como un golpe de Estado.

En ese día del 28 de junio, en horas del mediodía, el Congreso Nacional decidió improbar la conducta del presidente Zelaya, destituyéndolo, y procediendo a juramentar como presidente de la República al señor Roberto Micheletti, que hasta ese momento se había desempeñado como presidente del Congreso Nacional, y a quien correspondía completar el período de cuatro años que le correspondía a Zelaya, según el orden de sucesión que establece el artículo 242 de la Constitución.

Prejuicio en el exterior

Contrario a la mayoritaria opinión negativa en el exterior, la destitución del presidente Zelaya tuvo un amplio apoyo interno en Honduras. Externamente se creía que el «golpe» era impopular, por que no se imaginaban otra reacción posible.

Esta diferencia de percepciones se debió a una intensa campaña de desinformación de la prensa internacional —en la que pusieron especial empeño los que tenían tendencias izquierdistas— y al temor de los gobernantes del mundo de ser víctimas de un evento similar.

Honduras, que hasta ese momento había recibido muy poca atención de la prensa internacional, salta abruptamente a la escena mediática con esta expulsión repentina del presidente en funciones; pero como no se le había dado seguimiento a la cadena de eventos que llevaron a la expulsión de Zelaya, se pensó que la crisis política había empezado el 28 de junio, y se desestimaron los antecedentes que condujeron a tomar la difícil decisión del Congreso Nacional, y el marco legal que la justificaba.

Se trató de hacer encajar lo sucedido dentro del marco del clásico golpe de Estado militar, por que no se le podía concebir de otra manera. Las reacciones que se dieron desde el primer momento fueron viscerales, no hubo espacio a la reflexión. Pero ese consenso internacional basado en la desinformación y en las reacciones viscerales generó una rigidez en la postura de los distintos países que no permitió el reconocimiento del gobierno interino de Micheletti.

Nadie niega en Honduras que el procedimiento que se utilizó para expulsar a Zelaya del país fue ilegal. Sin embargo, la comisión de delitos dentro de un Estado de Derecho no implica el rompimiento de éste. El orden constitucional no se rompió en Honduras, por que continuaron funcionando los tres poderes del Estado dentro del mismo orden legal, lo único que cambió fue la titularidad del Poder Ejecutivo, y el cambio de gabinete de gobierno. El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia siguieron intactos, por lo tanto aquí no hubo un golpe de Estado.

Los militares que expulsaron a Zelaya del país recibieron una orden de captura de la Corte Suprema de Justicia para poner a Zelaya a la orden de los tribunales. En Honduras no existe la figura del juicio político, por lo que esta captura del presidente era legal. Las autoridades judiciales tienen la atribución de pedir la contribución de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones. Lo ilegal fue haber expulsado a Zelaya del país en vez de presentarlo a los tribunales.

En una entrevista a un periódico de Miami, el asesor jurídico de las Fuerzas Armadas, el coronel Herberth Bayardo Inestroza, argumentó que se sacó al presidente del país para evitar que se dieran muchas muertes de hondureños.

Este temor estaba justificado, pues Zelaya había asaltado con una turba las instalaciones de la Fuerza Aérea el 25 de junio, lo que puso en peligro la vida de estas personas. Se temía que en un incidente similar el desenlace podía ser fatal, por lo que se decidió sacar a Zelaya del país por motivos humanitarios.

Esta decisión pudo o no haber sido acertada, pero es la decisión que se tomó bajo la presión de las circunstancias del momento.

La orden de captura contra el señor Zelaya fue emitida el 26 de junio, por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

La cuarta urna

El suceso que precipitó esta decision judicial fue un evento electoral que Zelaya pretendía realizar con el fin de derogar la actual Constitución política de Honduras, y cambiar la forma de gobierno.

Primero Zelaya habló de una «cuarta urna» que había que colocar en las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre, donde se elige el presidente, diputados y miembros de cada corporación municipal. Para cada una de estas categorías se coloca una urna, por lo que hay tres urnas donde los ciudadanos depositan sus votos, pero Zelaya quería colocar una cuarta urna donde se le preguntaría a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que aprobara una nueva constitución política.

Para promover esa «cuarta urna» el gobierno de Zelaya realizó una gran ofensiva publicitaria, donde presentaba la idea de que con una nueva constitución se podrían solucionar todos los problemas de Honduras.

Al público no le pasó por desapercibido el hecho de que la idea de Zelaya de derogar la actual Constitución y crear una nueva tenía relación con la estrategia de Hugo Chávez y sus adláteres del ALBA de crear nuevas constituciones para perpetuarse en la presidencia y concentrar el poder en la figura presidencial, creando dictaduras con el barniz democrático de dudosos procesos electorales.

Por eso desde el principio Zelaya enfrentó la oposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, quienes señalaban que el proyecto de la cuarta urna era ilegal. También se opusieron a la cuarta urna la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; así como asociaciones de la sociedad civil, grupos de empresarios y las iglesias católica y evangélicas.

Los únicos que apoyaban la cuarta urna eran ciertos grupos gremiales de sindicatos, especialmente los sindicatos magisteriales. Estos grupos se convirtieron en «resistencia» tras la expulsión de Zelaya del poder.

Zelaya, siendo consciente de que su proyecto de la cuarta urna era ilegal, intentó legitimarlo por medio de un proceso electoral intermedio, por medio de una «consulta popular» que se realizaría el 28 de junio, donde se le preguntaría a la población si estaba de acuerdo con la colocación de una cuarta urna para preguntarle a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que aprobara una nueva constitución política.

Para evadir problemas legales, Zelaya le cambió el nombre al evento de «consulta popular» a simple «encuesta de opinión», pero el sistema de votación propio de un evento electoral se mantendría intacto.

Ese evento electoral fue abortado el 28 de junio, día en que se realizaría la «encuesta», cuando Zelaya fue sacado abruptamente del poder. El día siguiente se informó que la cuarta urna era una farsa, por que el gobierno de Zelaya pretendía convocar inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente, que habría disuelto todos los poderes del Estado.´

Se había descubierto un decreto ejecutivo, publicado en secreto por el periódico oficial La Gaceta el 25 de junio —el cual solo acostumbran a leer profesionales del derecho—, donde se establecía que la citada encuesta convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. La acción de expulsar al señor Zelaya había salvado el orden constitucional en vez de romperlo, pero el mundo no lo entendió así.

En realidad, cuando Zelaya fue expulsado del país, él ya no era presidente de Honduras, en virtud de la inhabilitación automática que plantea el artículo 239 de la Constitución de la República, que hace cesar en su cargo a todo funcionario público que promueva la reelección presidencial, que está terminantemente prohibida en ese artículo. El artículo 239 es un artículo irreformable de la Constitución, en el cual naufragaron las veladas pretensiones continuistas de Zelaya.

Según el informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, Manuel Zelaya, desde las gradas de la casa presidencial, hizo el 25 de junio un llamado público a una Asamblea Nacional Constituyente que aboliera la prohibición de la reelección presidencial. (Ver video en Youtube).

Por lo tanto, la sustitución presidencial que se hizo fue legal, el artículo 239 de la Constitución inhabilitaba a Zelaya y el artículo 242 habilitaba a Micheletti, por lo tanto no hubo golpe de Estado.

Los militares que expulsaron a Zelaya deberán responder por esa acción en los tribunales, pero el Estado hondureño sigue funcionando normalmente. Aquí no se ha roto el orden constitucional.

La supuesta renuncia de Zelaya

El día 28 de junio en el Congreso se leyó una renuncia a la presidencia, supuestamente firmada por Manuel Zelaya, aunque éste negó en todo momento haber firmado una renuncia. Pero el Congreso no se basó en esta supuesta renuncia para improbar la gestión de Zelaya y hacer el traspaso presidencial al señor Micheletti.

Todavía no se sabe si esa carta de renuncia fue firmada realmente por Zelaya o no. No se descarta que Zelaya la haya firmado, pues es conocida su manera compulsiva de actuar, así como su frecuente recurso a la mentira.

El líder sindical Carlos H. Reyes era el primer candidato independiente a la presidencia de la República, sin embargo no supo aprovechar esa oportunidad que se le dió. Carlos H. Reyes ha renunciado. Su candidatura, que ponía en precario su «independencia» al apoyar a Zelaya, estaba destinada al fracaso desde el principio.

Manuel Zelaya no lo dijo abiertamente, pero era fácil adivinar sus intenciones continuistas con el proyecto de la «cuarta urna», que buscaba instalar una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de cambiar la forma de gobierno del país. Carlos H. Reyes apoyó el ilegal proyecto de la cuarta urna, que de haber tenido éxito hubiera permitido la reelección de indefinida de Zelaya por medios fraudulentos. No tendría sentido proponer una candidatura a la presidencia en tales condiciones.

Ahora que Zelaya fue destituido por el Congreso, Carlos H. Reyes dice que no participará en las elecciones, alegando que por el golpe de Estado éstas no son válidas, y que es necesario retornar al orden constitucional restituyendo a Zelaya a la presidencia.

Ayer, en declaraciones a HRN, Carlos H. Reyes declaró que apoyar las elecciones es apoyar el golpe de Estado, y que nadie de la «resistencia» contra este golpe de Estado va a votar o a apoyar las elecciones, por que apoyar las elecciones es apoyar el golpe de Estado.

Sin embargo, ayer mismo, el Partido Unificación Democrática, partido de izquierda que ha venido apoyando a Zelaya, anunció que participará en las elecciones.

Los argumentos de Carlos H. Reyes no convencen.

Se ha repetido hasta la saciedad que el proceso electoral es independiente de la figura del presidente de la República, y que es administrado en forma autónoma por el Tribunal Supremo Electoral. Que Zelaya habría sido automáticamente inhabilitado en su cargo antes de ser llevado a Costa Rica el 28 de junio pasado, en virtud del artículo 239 de la Constitución, que establece que cualquier funcionario público cesa inmediatamente en su cargo con el solo hecho de proponer la reelección presidencial. Y que en virtud del artículo 242, Roberto Micheletti debía sustituirlo, por ser el presidente del Congreso en ese entonces.

Que Zelaya perdió su cargo por haber propuesto la reelección queda claramente establecido por lo que dijo en este video que sigue en Youtube, en el que menciona la posibilidad de que Rafael Leonardo Callejas pueda volver a aspirar a la presidencia, tratando de apartar la atención sobre sus intenciones continuistas:

No hubo pues, golpe de Estado, siendo la sustitución de Zelaya legal. Además, en un clásico golpe de Estado, como el que se dio en contra del presidente Ramón Villeda Morales en 1963, se disuelven todos los poderes del Estado, y una Junta de Gobierno o Jefe de Estado gobierna por medio de decretos-leyes.

La sustitución del presidente Zelaya en Honduras no tiene precedentes, por eso es incorrecto etiquetarlo de «golpe de Estado». A diferencia de lo que sucedió en los clásicos golpes de Estado, en Honduras funcionan con legitimidad que está fuera de toda duda el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral.

Pero aun suponiendo que se hubiera dado un rompimiento constitucional el 28 de junio, la postura de Carlos H. Reyes resulta siempre contradictoria. Dice Carlos H. Reyes que no participará en las elecciones por que son ilegales, por darse dentro de un contexto de golpe de Estado, pero no tuvo problema alguno en respaldar las ilegales elecciones disfrazadas de encuestas de la cuarta urna. Dice que es necesario el retorno al orden constitucional, cuando ese orden constitucional es contrario a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que él promueve. No se entiende para qué insiste en el retorno al orden constitucional, si su objetivo es destruirlo en el plazo más corto posible… a menos… a menos que esa insistencia no se base en el respeto a la ley, sino más bien en el oportunismo político.

Carlos H. Reyes insiste que después de un golpe de Estado siempre es necesario crear una nueva Constitución, pero no explica por qué. La constitución de 1957 podría haber sido restaurada después del golpe de Estado de 1963, al menos en teoría. Ello no ocurrió así por que esa constitución era incompatible con el régimen militar que le puso término. Aun suponiendo que se hubiera dado un golpe de Estado, una Constituyente no es un evento inevitable ni necesario.

Carlos H. Reyes perdió su estatus de «independiente» por depender en su candidatura de la suerte de Manuel Zelaya y del chavismo hondureño. Carlos H. Reyes puede ser bueno en su trabajo como agitador, pero como político «no le entiende al trámite». No es extraño que él se oponga a las elecciones, por que la inestabilidad política de un régimen —ahora sí— de facto, le proporcionaría un ambiente propicio para realizar su trabajo de aprovechar el desorden.

El grupo de «resistencia» del que forma parte Carlos H. Reyes no es tal. Resistencia sería un grupo de ciudadanos que combatieran contra una invasión extranjera, como sucedió en la Francia invadida por los fascistas. Pero estos grupos subversivos lo que buscan es imponer el molde castro-chavista en Honduras, por la vía de la violencia y el terrorismo si es necesario, por lo que se constituyen en malos hondureños. La verdadera Resistencia somos nosotros, los que estamos del lado de la libertad y la alternabilidad en el poder, y que aguantamos las embestidas de estos grupos subversivos.

«El Congreso debe decidir no decidir sobre la restitución de Zelaya»

Según el informe de la Biblioteca Legal del Congreso de los Estados Unidos, la destitución de Manuel Zelaya de la presidencia de la República fue legal. La tesis de Norma C. Gutiérrez, la especialista en Leyes Extranjeras autora del informe, es que aunque el Congreso hondureño no tiene la atribución explícita de destituir a un presidente, éste si tiene la facultad de interpretar la Constitución; y el Congreso al destituir a Zelaya habría interpretado implícitamente que la facultad de «improbar» la administración del Poder Ejecutivo -facultad que sí le da la Constitución- incluye la facultad de destituir a un presidente.

Sin embargo, la falla en la tesis de Gutiérrez es que el artículo de la Constitución que faculta al Congreso a interpretar la misma establece que esta interpretación se debe hacer en forma explícita, y en sesiones ordinarias del Congreso. Pero la sesión del Congreso en que se destituyó a Zelaya fue claramente extraordinaria, en el domingo 28 de junio pasado.

Esto significa que el decreto de destitución que emitió el Congreso fue ilegal.

Ahora que en el Acuerdo Guaymuras se establece que es el Congreso el que debe decidir sobre la restitución o no restitución de Zelaya a la presidencia, el Congreso tiene la oportunidad de derogar ese decreto ilegal.

Sin embargo, esto no significa que Zelaya deba ser restituido al poder. La tesis del gobierno de Micheletti es que Zelaya ya no era presidente cuando fue expulsado a Costa Rica, en virtud del artículo 239 de la Constitución de la República, que hace cesar inmediatamente en su cargo al funcionario que proponga la reelección presidencial. Si esto es correcto, la destitución de Zelaya no fue obra del Congreso, sino de la misma Constitución. Por lo tanto, Zelaya no puede ser restituido por el Congreso. El artículo 239 establece que el que incurre en el delito político de proponer la reelección queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en un período de diez años.

Sin embargo, Zelaya puede alegar que él nunca ha violado el artículo 239, que él nunca ha propuesto la reelección presidencial. En este caso, es la Corte Suprema de Justicia la que debe pronunciarse sobre el asunto. Por lo tanto, el Congreso debe decidir no decidir sobre el asunto de la restitución de Zelaya. Debe remitirle a la Corte Suprema de Justicia esa responsabilidad.

El problema es que es dudoso que el Congreso derogue el artículo que destituyó a Zelaya con base en la argumentación que presento, ya que estaría admitiendo que se cometió un delito de usurpación de funciones.

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