Las libertades cotidianas a las que estamos acostumbrados pueden convertirse en un estado caótico sino velamos por la paz, la democracia y el imperio de la ley.
Los procesos electorales son muy importantes para mantener la estabilidad del país.
Es necesario votar, aunque sea por el menos malo. No da igual quien gane las elecciones. Si Pepe Lobo hubiera ganado las elecciones del 2005 no estaríamos en esta crisis política.
Los gobernantes deben atender a los sectores más necesitados para evitar que líderes mesiánicos intenten sorprender al pueblo con falsas promesas.
El Estado hondureño debe disminuir su dependencia de las ayudas externas, para evitar ser extorsionado por imposiciones foráneas.
Para que el Estado hondureño sea más independiente es necesario eliminar exoneraciones fiscales injustas, eliminar el clientelismo político y disminuir la burocracia. Alentar la carrera del empleado público para que no dependa de vaivenes políticos. Eliminar la corrupción fomentando la transparencia.
No se puede seguir permitiendo los abusos de los gremios magisteriales con sus constantes huelgas.
La ALBA es una alianza de países alineados en una izquierda destructiva. La ALBA tiene elementos políticos e ideológicos, y no solo comerciales.
A pesar de que se terminó la guerra fría, cayó el Muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética, los grupos izquierdistas radicales todavía buscan imponer su agenda en el mundo. La polarización ideológica no ha terminado.
La izquierda internacional tiene un gran peso en la prensa mundial, en las organizaciones multinacionales como la OEA y la ONU, y en las organizaciones de derechos humanos.
La izquierda moderada frecuentemente acuerpa los excesos de la izquierda destructiva.
La izquierda destructiva, con solo utilizar su retórica demagógica, goza de gran simpatía a nivel internacional, por lo que sus excesos son disculpados o pasados por alto.
La izquierda destructiva carece de un discurso teórico desarrollado. A falta de ideas se apoya en consignas.
La izquierda destructiva, a pesar de que presume de un alto grado de sensibilidad social y conciencia ética, no discrimina en medios para perseguir sus fines: es capaz de mentir en forma sistemática, y promover el odio y la violencia; y no le importa si con su discurso de defender a los más pobres termina siempre perjudicándolos.
El pueblo hondureño en su mayoría es de tendencia conservadora, por lo que para conquistar el poder la izquierda destructiva mantuvo infiltrado por años al Partido Liberal.
Debe revisarse la hoja de vida de los candidatos presidenciales, y evitar que llegue al poder alguien que no tenga la formación académica y política suficiente. Jamás debe llegar a la presidencia alguien que tenga una personalidad caótica e impredecible, un transtornado mental.
Se debe crear un sistema de juicio político para evitar la percepción de golpe de Estado.
Se debe procurar descentralizar el poder, disminuir el poder de la figura presidencial.
Como casi todo en la vida, la crisis política y el supuesto golpe de Estado tuvieron ventajas y desventajas, efectos negativos y efectos positivos. Unos consideran que lo que se dio el 28 de junio con la expulsión del señor Manuel Zelaya fue un golpe de Estado, otros consideran que lo que se dio ese día fue una sustitución constitucional.
Efectos negativos
Grandes pérdidas económicas.
Desprestigio por desinformación a nivel internacional.
Aislamiento internacional. Suspensión de Honduras de la OEA.
Recortes de ayudas de otros países.
Aumento de secuestros y sicariato.
Pérdida de vidas humanas.
Aumento de ansiedad en la poblacion.
Confrontación. Familiares, parejas y amigos confrontados por tomar posturas opuestas ante la crisis política.
Implantación de un odio de clases que no se conocía en Honduras.
Terrorismo y daño a la propiedad privada y pública por parte de zelayistas.
Pérdida de muchos días de clase.
División del Partido Liberal.
Efectos positivos
Mayor conciencia política y cívica en la población.
Resurgimiento del patriotismo entre los que apoyaron el “golpe”.
Consolidación del sistema democrático en Honduras.
Se evitó la implantación de una dictadura chavista en Honduras.
Se contuvo el avance del chavismo en América Latina.
Se volvió a la senda de la racionalidad en la administración del presupuesto nacional.
Papel destacado de líderes en la crisis política: Roberto Micheletti, Romeo Vásquez, Ramón Custodio, Oscar Andrés Rodríguez, Evelio Reyes, y los candidatos presidenciales que se opusieron al continuismo.
Surgieron nuevos grupos en la sociedad civil en defensa de los principios democráticos y la alternabilidad en el poder.
Se identificaron los políticos y personajes con simpatías totalitarias, lo que permitirá detener la infiltración izquierdista del Partido Liberal.
Después de 7 gobiernos civiles consecutivos, cuando se creían extinguidos los fantasmas de los golpes de Estado militares, el mundo se enteró que el 28 de junio el presidente Manuel Zelaya había sido capturado por unos militares y enviado en avión a Costa Rica.
La condena a esta acción fue inmediata y universal en la comunidad internacional, y se catalogó como un golpe de Estado.
En ese día del 28 de junio, en horas del mediodía, el Congreso Nacional decidió improbar la conducta del presidente Zelaya, destituyéndolo, y procediendo a juramentar como presidente de la República al señor Roberto Micheletti, que hasta ese momento se había desempeñado como presidente del Congreso Nacional, y a quien correspondía completar el período de cuatro años que le correspondía a Zelaya, según el orden de sucesión que establece el artículo 242 de la Constitución.
Prejuicio en el exterior
Contrario a la mayoritaria opinión negativa en el exterior, la destitución del presidente Zelaya tuvo un amplio apoyo interno en Honduras. Externamente se creía que el «golpe» era impopular, por que no se imaginaban otra reacción posible.
Esta diferencia de percepciones se debió a una intensa campaña de desinformación de la prensa internacional —en la que pusieron especial empeño los que tenían tendencias izquierdistas— y al temor de los gobernantes del mundo de ser víctimas de un evento similar.
Honduras, que hasta ese momento había recibido muy poca atención de la prensa internacional, salta abruptamente a la escena mediática con esta expulsión repentina del presidente en funciones; pero como no se le había dado seguimiento a la cadena de eventos que llevaron a la expulsión de Zelaya, se pensó que la crisis política había empezado el 28 de junio, y se desestimaron los antecedentes que condujeron a tomar la difícil decisión del Congreso Nacional, y el marco legal que la justificaba.
Se trató de hacer encajar lo sucedido dentro del marco del clásico golpe de Estado militar, por que no se le podía concebir de otra manera. Las reacciones que se dieron desde el primer momento fueron viscerales, no hubo espacio a la reflexión. Pero ese consenso internacional basado en la desinformación y en las reacciones viscerales generó una rigidez en la postura de los distintos países que no permitió el reconocimiento del gobierno interino de Micheletti.
Nadie niega en Honduras que el procedimiento que se utilizó para expulsar a Zelaya del país fue ilegal. Sin embargo, la comisión de delitos dentro de un Estado de Derecho no implica el rompimiento de éste. El orden constitucional no se rompió en Honduras, por que continuaron funcionando los tres poderes del Estado dentro del mismo orden legal, lo único que cambió fue la titularidad del Poder Ejecutivo, y el cambio de gabinete de gobierno. El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia siguieron intactos, por lo tanto aquí no hubo un golpe de Estado.
Los militares que expulsaron a Zelaya del país recibieron una orden de captura de la Corte Suprema de Justicia para poner a Zelaya a la orden de los tribunales. En Honduras no existe la figura del juicio político, por lo que esta captura del presidente era legal. Las autoridades judiciales tienen la atribución de pedir la contribución de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones. Lo ilegal fue haber expulsado a Zelaya del país en vez de presentarlo a los tribunales.
En una entrevista a un periódico de Miami, el asesor jurídico de las Fuerzas Armadas, el coronel Herberth Bayardo Inestroza, argumentó que se sacó al presidente del país para evitar que se dieran muchas muertes de hondureños.
Este temor estaba justificado, pues Zelaya había asaltado con una turba las instalaciones de la Fuerza Aérea el 25 de junio, lo que puso en peligro la vida de estas personas. Se temía que en un incidente similar el desenlace podía ser fatal, por lo que se decidió sacar a Zelaya del país por motivos humanitarios.
Esta decisión pudo o no haber sido acertada, pero es la decisión que se tomó bajo la presión de las circunstancias del momento.
La orden de captura contra el señor Zelaya fue emitida el 26 de junio, por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
La cuarta urna
El suceso que precipitó esta decision judicial fue un evento electoral que Zelaya pretendía realizar con el fin de derogar la actual Constitución política de Honduras, y cambiar la forma de gobierno.
Primero Zelaya habló de una «cuarta urna» que había que colocar en las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre, donde se elige el presidente, diputados y miembros de cada corporación municipal. Para cada una de estas categorías se coloca una urna, por lo que hay tres urnas donde los ciudadanos depositan sus votos, pero Zelaya quería colocar una cuarta urna donde se le preguntaría a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que aprobara una nueva constitución política.
Para promover esa «cuarta urna» el gobierno de Zelaya realizó una gran ofensiva publicitaria, donde presentaba la idea de que con una nueva constitución se podrían solucionar todos los problemas de Honduras.
Al público no le pasó por desapercibido el hecho de que la idea de Zelaya de derogar la actual Constitución y crear una nueva tenía relación con la estrategia de Hugo Chávez y sus adláteres del ALBA de crear nuevas constituciones para perpetuarse en la presidencia y concentrar el poder en la figura presidencial, creando dictaduras con el barniz democrático de dudosos procesos electorales.
Por eso desde el principio Zelaya enfrentó la oposición del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, quienes señalaban que el proyecto de la cuarta urna era ilegal. También se opusieron a la cuarta urna la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; así como asociaciones de la sociedad civil, grupos de empresarios y las iglesias católica y evangélicas.
Los únicos que apoyaban la cuarta urna eran ciertos grupos gremiales de sindicatos, especialmente los sindicatos magisteriales. Estos grupos se convirtieron en «resistencia» tras la expulsión de Zelaya del poder.
Zelaya, siendo consciente de que su proyecto de la cuarta urna era ilegal, intentó legitimarlo por medio de un proceso electoral intermedio, por medio de una «consulta popular» que se realizaría el 28 de junio, donde se le preguntaría a la población si estaba de acuerdo con la colocación de una cuarta urna para preguntarle a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que aprobara una nueva constitución política.
Para evadir problemas legales, Zelaya le cambió el nombre al evento de «consulta popular» a simple «encuesta de opinión», pero el sistema de votación propio de un evento electoral se mantendría intacto.
Ese evento electoral fue abortado el 28 de junio, día en que se realizaría la «encuesta», cuando Zelaya fue sacado abruptamente del poder. El día siguiente se informó que la cuarta urna era una farsa, por que el gobierno de Zelaya pretendía convocar inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente, que habría disuelto todos los poderes del Estado.´
Se había descubierto un decreto ejecutivo, publicado en secreto por el periódico oficial La Gaceta el 25 de junio —el cual solo acostumbran a leer profesionales del derecho—, donde se establecía que la citada encuesta convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. La acción de expulsar al señor Zelaya había salvado el orden constitucional en vez de romperlo, pero el mundo no lo entendió así.
En realidad, cuando Zelaya fue expulsado del país, él ya no era presidente de Honduras, en virtud de la inhabilitación automática que plantea el artículo 239 de la Constitución de la República, que hace cesar en su cargo a todo funcionario público que promueva la reelección presidencial, que está terminantemente prohibida en ese artículo. El artículo 239 es un artículo irreformable de la Constitución, en el cual naufragaron las veladas pretensiones continuistas de Zelaya.
Según el informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, Manuel Zelaya, desde las gradas de la casa presidencial, hizo el 25 de junio un llamado público a una Asamblea Nacional Constituyente que aboliera la prohibición de la reelección presidencial. (Ver video en Youtube).
Por lo tanto, la sustitución presidencial que se hizo fue legal, el artículo 239 de la Constitución inhabilitaba a Zelaya y el artículo 242 habilitaba a Micheletti, por lo tanto no hubo golpe de Estado.
Los militares que expulsaron a Zelaya deberán responder por esa acción en los tribunales, pero el Estado hondureño sigue funcionando normalmente. Aquí no se ha roto el orden constitucional.
La supuesta renuncia de Zelaya
El día 28 de junio en el Congreso se leyó una renuncia a la presidencia, supuestamente firmada por Manuel Zelaya, aunque éste negó en todo momento haber firmado una renuncia. Pero el Congreso no se basó en esta supuesta renuncia para improbar la gestión de Zelaya y hacer el traspaso presidencial al señor Micheletti.
Todavía no se sabe si esa carta de renuncia fue firmada realmente por Zelaya o no. No se descarta que Zelaya la haya firmado, pues es conocida su manera compulsiva de actuar, así como su frecuente recurso a la mentira.
El coronel Oswaldo López Arellano participó en los golpes de Estado contra Julio Lozano Díaz, Ramón Villeda Morales y Ramón Ernesto Cruz. En su segundo período de gobierno logró «constitucionalizarse» después de unas elecciones fraudulentas. En su tercer y último período de gobierno tuvo una tendencia progresista. El ex-presidente Rafael Leonardo Callejas considera que López Arellano ha sido el mejor gobernante de Honduras.
Desde la Independencia de Centro América de España, Honduras vivió un permanente estado de inestabilidad política. Al principio el Estado de Honduras era muy débil, y no tenía pleno dominio sobre su territorio. Los demás países de Centro América intervenían en la política interna, así como Honduras intervenía en la de estos. Y los países centroamericanos frecuentemente prestaban sus territorios para las fuerzas insurgentes de los países vecinos.
En el siglo XIX fueron derrocados por la fuerza de las armas los siguientes gobernantes hondureños: Dionisio de Herrera en 1827, José Trinidad Cabañas en 1855, Francisco Montes en 1863, José María Medina en 1872, Céleo Arias en 1874, Ponciano Leiva en 1876, Marco Aurelio Soto en 1883.
A inicios del siglo XX, el presidente Miguel R. Dávila fue atacado por el General Manuel Bonilla en 1911. Estados Unidos intercedió a favor de la facción conservadora de Bonilla, y en las negociaciones en el buque de guerra “Tacoma” se acordó que Miguel R. Dávila y su vicepresidente, Dionisio Gutiérrez, interpusieran la renuncia para entregarle la Primera Magistratura del país a Francisco Bertrand.
En 1919, el presidente Francisco Betrand renunció por amenaza de intervención militar de parte de Estados Unidos, al desatarse una crisis política en el país, por la pretensión de Bertrand de imponer un familiar político suyo en la presidencia. La dictadura del General Tiburcio Carías Andino, que empezó en 1933 y duró 16 años, trajo una época de estabilidad política al país y la consolidación del Estado de Honduras. Sus primer período constitucional de cuatro años fue legal, pero al finalizar legalmente su mandato convocó a una Constituyente para que elaborara una nueva constitución que cambiara los períodos presidenciales de cuatro a seis años, y asimismo para que prorrogara el ejercicio del Poder a los titulares Carías y Williams por un subsiguiente período de seis años. En la reunión del Congreso ordinario, al vencerse este segundo período de seis años, se ratificó el Artículo de la Constitución que prorrogó el período presidencial a dichos seis años y la Presidencia en los titulares Generales Carías y Williams hasta el 31 de Diciembre de 1948, cuando se convocó al pueblo a elecciones generales.
Al presidente Carías le sucedió en 1949 el presidente Juan Manuel Gálvez. Este gobierno tuvo una influencia relativamente modernista. Al finalizar su período ninguno de los tres candidatos presidenciales obtuvo una mayoría absoluta. El presidente Gálvez, sintiéndose enfermo el 16 de noviembre de 1954 dejó el poder en manos del vice-presidente Lozano Díaz y se marchó a Panamá.
El presidente Julio Lozano Díaz se quedó gobernando de facto, asesorado por miembros del Congreso Nacional, que pasaron a ser Consejeros de Estado. Gobernó por medio de decretos-leyes.
El día 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas de la nación conminaron al presidente Díaz a que entregara el poder a una Junta Militar. Díaz se marchó a los Estados Unidos, falleciendo en Miami, Florida, el 20 de agosto de 1957.
Tomó el poder una Junta Militar formada por el general Roque J. Rodríguez, Jefe Director de la Escuela Militar “Francisco Morazan”, por el coronel Héctor Caraccioli, Jefe de las Fuerzas Armadas, y por el ingeniero Roberto Gálvez Barnes.
El 17 de noviembre, en virtud de la renuncia de los triunviros Roque J. Rodríguez y del mayor e ingeniero Roberto Gálvez Barnes, se reorganizó la Junta Militar de Gobierno con los triunviros Oswaldo López Arellano y el Coronel Héctor Caraccioli, quienes continuaron ejerciendo el poder de la nación hasta el momento de hacer la transmisión de mando al presidente electo por la Cámara Constituyente, Dr. Ramón Villeda Morales. La misma Constituyente eligió Jefe de las Fuerzas Armadas al coronel Oswaldo López Arellano.
El gobierno de Villeda Morales emitió algunas leyes importantes, como el Código de Trabajo, la Ley de Reforma Agraria, la Ley del Seguro Social, la Ley de Fomento Industrial y otras de gran importancia. Convocó al pueblo a elecciones, y diez días antes de celebrarse aquel evento electoral, el que se verificaría el día 13 de octubre de 1963, un golpe militar derribó su gobierno.
En su proclama del 3 de octubre las Fuerzas Armadas dieron tres motivos para el Golpe de Estado: La infiltración comunista en el gobierno de Villeda Morales, la existencia de la Guardia Civil como una amenaza contra el Ejército, y el lanzamiento de un candidato —Modesto Rodas Alvarado— que predicaba “el odio y no la unidad de la familia hondureña.”
Asumió el poder Oswaldo López Arellano, como Jefe de Estado, desde el 3 de octubre de 1963 al 5 de junio de 1965. El 6 de junio de 1965 empezó su nuevo mandato constitucional, después de unas elecciones notoriamente fraudulentas.
El 6 de junio de 1971 regresaron al poder los civiles, con un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. El gobierno bipartidista, cuyo titular era el presidente Ramón Ernesto Cruz, resultó un fracaso. Un nuevo golpe de Estado militar, el 4 de diciembre de 1972, le puso fin al régimen civil.
Continuó gobernando Oswaldo López Arellano. El 22 de abril de 1975, el señor López Arellano fue destituido de su cargo por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, al verse involucrado en un escándalo de corrupción en un caso de soborno por parte de la compañía estadounidense Chiquita Brands. Lo sustituyó en el poder el coronel Juan Alberto Melgar Castro. Melgar fue destituido de su cargo el 7 de agosto de 1978 por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, y sustituido por una Junta Militar de Gobierno compuesta por los militares Policarpo Paz García, Domingo Antonio Álvarez y Amílcar Zelaya Rodríguez.
El 20 de julio de 1980 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. El 25 del mismo mes ésta emitió el Decreto No. 2, por medio del cual se eligió Presidente de la República al general Policarpo Paz García.
En las elecciones del 29 de noviembre de 1981 resultó electo presidente el doctor Roberto Suazo Córdova, quien asumió el poder el 27 de enero de 1982.
Así se le puso fin a un período de gobiernos militares, pero éstos conservarían una gran influencia en los gobiernos civiles, hasta que el gobierno de Carlos Roberto Reina le quitó la autonomía a las Fuerzas Armadas y abolió el servicio militar obligatorio.
Pero culminado el período de los golpes de Estado en 1982, ahora se darían golpes de barraca en el seno de los gobiernos civiles. Grupos de militares rebeldes defenestraron al Jefe de las Fuerzas Armadas en tres ocasiones: en 1984 a Gustavo Álvarez Martínez, en 1986 a Walter López Reyes, y en 1990 a Arnulfo Cantarero López.
Supuesto golpe de Estado 2009
La expulsión del presidente Manuel Zelaya el 28 de junio del 2009 es considerada por algunos como un golpe de Estado. Leer más>>
Fuentes:
Revista Histórica Presidente
Libro Evolución Histórica de Honduras, de Longino Becerra.
