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Mel y los combustibles

Mel Zelaya

En su campaña política Mel prometió bajar el precio a los productos de la canasta básica, bajar el precio de los medicamentos, al transporte, a la energía… Decía: «Ayúdenme a bajar a los nacionalistas del poder para bajarle el precio a los productos.»

No sé cuantos hondureños habrán creído en esas promesas demagógicas. Hasta el día de hoy no estamos seguros que Mel haya ganado legalmente las elecciones.

El proyecto estrella de este gobierno del poder ciudadano era la licitación de combustibles dirigida por el «experto» norteamericano Robert Meyering (el «mago» Meyering). El prometía una rebaja substancial. Meyering «se echó a la bolsa» a muchas personas honorables con buenas intenciones, por que no pudo cumplir con lo prometido. Este fracaso debería hacernos cuestionar la excesiva credulidad hacia los auto-denominados expertos. Una dosis de escepticismo siempre es necesaria.

Y es que era fácil preveer el fracaso de la tan cacareada licitación. En primer lugar había que tener en cuenta el poco volumen relativo de la demanda hondureña de combustibles con respecto a la demanda mundial, lo que hacía parecer lejana la posibilidad de un sustantivo «descuento por cantidad» producido por una importación masiva. A ello había que sumarle las dificultades para el almacenamiento y distribución del producto de la licitación.

Pero el torpe «Poder Ciudadano» hizo las cosas alrevés: primero efectuó la licitación y luego se dedicó a investigar donde se habían de almacenar los combustibles. Decidieron -arbitriamente- expropiar la gasolinera Dippsa, cuyo gerente general, Henry Arévalo, desapareció por meses dejando sin efecto la orden de expropiación, la cual requería su presencia.

Después el asunto se fue olvidando. La atención mediática se centró en otros temas de actualidad, y ya nadie parece recordar el error monumental de este gobierno. No hay nadie que reclame responsabilidad administrativa.

¡Qué fácil es desviar la atención de los hondureños! Aquí los escándalos son pasajeros y pronto son eclipsados por otros escándalos más recientes. Vivimos en un circo permanente, o más bien, en una tragicomedia. Y somos espectadores, no actores.

Y ahora viene Hugo Chávez prometiendo combustibles con un módico financiamiento y con un interés tan bajo que Yani Rosenthal dijo que sería de tontos no aceptarlo.

Pero nos aclaran que el combustible no bajará de precio, en cambio, el ahorro en efectivo será destinado a «proyectos sociales», y que incluso parte de la deuda se podría pagar con productos agrícolas.

Y mientras tanto no se soluciona el problema del almacenamiento y la distribución.

¡A otro perro con ese hueso!

Nosotros no confiamos en que los fondos públicos se dediquen en forma eficiente a programas sociales. No confiamos en la gestión de este torpe gobierno que comete los errores más básicos de administración.

Y mucho menos cuando el último escándalo sobre la ley sobre el finaciamiento de los partidos políticos nos muestra el grado de cinismo al que pueden llegar los políticos al repartirse como una piñata los fondos públicos.

Es hora de reconocer la verdad: los precios de los combustibles no bajarán. Mel mintió al prometer lo que no podía cumplir.

Las tomas de carreteras

Aquí en Honduras es sabido que para que los reclamos de las clases populares sean atendidos es necesario utilizar la presión por medio de suspensión de labores, «asambleas informativas» y tomas de carreteras.

Esto sería innecesario si los gobiernos estuvieran atentos a las necesidades de la población, pero como no es así hay que recurrir a medidas excepcionales.

Y cuando se toman estas medidas siempre salen los funcionarios estatales oponiéndose en nombre del bien común. Se dice que los manifestantes son los que no razonan, por que el gobierno siempre ha estado anuente al diálogo.

Pero podríamos esperar a la venida de Cristo para que se cumplan nuestras peticiones sin recibir nada, si solo nos atenemos a la buena voluntad de los gobernantes. Hay que presionarlos.

Las tomas de carreteres perjudican a la economía, nos dicen. Recientemente el ministro de Defensa, Arístides Mejía, calculó que «se le está propinando al país un daño de aproximadamente 500 millones de lempiras diarios» en las manifestaciones del lunes.

Por su parte, el coordinador del Bloque Popular, Carlos H. Reyes opina que «las molestias que provocan las movilizaciones son ínfimas en relación a los crímenes que ocasionan los políticos, empresarios y las transnacionales».

La violencia que ejerce el gobierno sobre la población es estructural y sistematizada, y tiene el respaldo de la ley y el aparato estatal. Los burgueses en pocas ocasiones acuden a las calles para defender sus intereses. Por eso es que los manifestantes dan la impresión de ser delincuentes, aunque sus reclamos y acciones se apeguen a una concepción amplia de la justicia. El Estado considera como delincuente al que desafíe sus leyes, aunque sus leyes legitimen la depredación de los más débiles.

El negocio está en el volumen

Anoche, en el programa La Hora de la Verdad, en el canal 30, el ingeniero Rodas dio una charla muy instructiva sobre la problemática de actualidad en Hondutel.

Dijo que las llamadas de Estados Unidos a Honduras son más caras que las llamadas de Estados Unidos a los demás países de Centroamérica. Esto se debe al canon excesivo que cobra Hondutel a los carriers internacionales como AT&T, Sprint, etc.

El negocio no está en cobrar caro por un minuto de llamada, sino en obtener un gran volumen de minutos de llamadas. De manera que sería razonable esperar que aumentaran las ganancias totales si se disminuyeran las tarifas.

En palabras de los economistas: la demanda de minutos de llamadas es elástica con respecto al precio.

Si esto es así, la medida del Congreso de rebajar el canon que se cobra por minuto es acertada, y no pone en peligro las finanzas de Hondutel. Aunque sería recomendable que Honduras negociara con estos carriers para asegurar una rebaja inmediata para los consumidores. Esta sería una medida adecuada para combatir el tráfico gris.

La batalla por Hondutel

En los últimos días hemos visto unos niveles de confrotanción sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por la Ley de Telecomunicaciones y la ley de fortalecimiento de Hondutel. Esa agresión mediática de un poder del Estado hacia otro es realmente novedosa.

Parece que se cumple lo dicho por el presidente, de que hay una lucha de grupos de poder, entre los cuales creo que hay que incluir al gobierno.

¿Quién tiene la razón?

Por el momento me parece que es el Poder Ejecutivo. Esa ley que pretende reducir el costo de las llamadas para nuestros compatriotas en Estados Unidos puede que solo sirva para engordar las ganancias de las compañías estadounidenses: no hay garantía de que bajen las tarifas, como lo expresó Chimirri.

Parece difícil de creer que tantos honorables diputados estén en contra de los intereses del país y quieran destruir Hondutel, pero es lo que las evidencias indican.

Por otra parte, este es un momento apropiado para poner en duda la supuesta independencia de los poderes del Estado, que se suponen «independientes pero complementarios». Pareciera que ahora no es deseable que el Congreso sea tan «independiente». Empiezo a dudar de que estas atribuciones sean compatibles: si dos elementos son complementarios, entonces en sentido estricto no se puede decir que sean independientes.