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El fracaso de Óscar Arias como mediador

El señor Óscar Arias tiene un Premio Nóbel de la Paz en su haber, por sus gestiones diplomáticas para resolver los conflictos armados en Centroamérica, durante la guerra fría de los años ochentas.

Sin embargo, ante la crisis interna de Honduras demostró una incapacidad que demuestra que no se merecía el Premio Nóbel.

Desde el primer día en que se expulsó a Zelaya de Honduras hacia Costa Rica, Arias demostró una parcialidad hacia el derrocado presidente que nunca abandonó.

En vez de ser facilitador del diálogo entre las partes, Arias se convirtió en un estorbo, ya que presentó en forma unilateral su propia propuesta, a la que llamó «Acuerdo de San José», siendo que todavía no se había llegado a un acuerdo. Pero él pensaba que él sabía más que las partes mismas lo que a ellas les convenía, y ante su falta de ideas, pensó que lo único que faltaba era presionar al «gobierno de facto» con amenazas de más aislamiento para que firmara su «acuerdo».

Nunca trató de aproximar a las partes, probando diferentes propuestas. Su papel de mediador quedó desvirtuado, pues el papel de mediador no es decidir por las partes, sino tratar de aproximar las posiciones de las partes hacia un punto de convergencia.

Al regresar Manuel Zelaya a Honduras, y refugiarse en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, el diálogo avanzó rápidamente, ya sin el estorbo de Arias.

Como vio que llevaba las de perder, Arias se descalificó a sí mismo al decir en una entrevista que la Constitución política de Honduras era un «adefesio jurídico», y que era la peor sobre la faz de la tierra. Este tipo de expresiones resulta algo inaudito para un mediador. Un verdadero mediador no trata de ofender a una de las partes.

Algo que demuestra en forma palpable el fracaso de Arias es el asunto de la amnistía. Las dos partes en el diálogo Guaymuras no tuvieron problemas en descartar rápidamente el asunto de la amnistía. Al mantener en su «acuerdo» el tema de la amnistía, Arias pretendía imponer algo que las dos partes rechazaban, alejándolas así aun más de un acuerdo.

Creo que sin la desvirtuada mediación de Arias este conflicto se hubiera resuelto más rápidamente.

No se puede, en justicia, llamar al acuerdo logrado en Tegucigalpa gracias al empujoncito de Thomas Shannon «Acuerdo de Tegucigalpa – San José». Quitémosle lo de San José, este es un acuerdo netamente hondureño.

Arturo Corrales es un "gallo"

Arturo Corrales Álvarez
Foto: Noticiero DC

«Sos un gallo», le decimos en Honduras a una persona inteligente y brillante. Así es Arturo Corrales Álvarez, que ha sido parte importante de la comisión negociadora del presidente Roberto Micheletti en la mesa de diálogo con el ex-presidente Manuel Zelaya.

Durante las Jornadas del diálogo de San José, con el señor presidente Óscar Arias de Costa Rica, él siempre pudo destacar lo positivo, aun cuando otros solo miraban obstáculos.

«Me gusta ver las cosas en términos de soluciones, en vez de problemas», dijo una vez refiriéndose al contenido del «Acuerdo de San José», es decir, la propuesta del señor Arias, que exigía la restitución del señor Zelaya.

Arturo Corrales pudo ver muchas cosas positivas en ese documento, a pesar de la imposición que pretendía hacer el señor Arias. Él pudo ver que en la propuesta de Arias se aceptaba implícitamente la legitimidad de los otros dos poderes del Estado hondureño: el Poder Legislativo y el Poder Judicial; y que se aceptaba que un delito al promover la Constituyente, por que de otra manera no tendría sentido pedir amnistía, por eso exclamó jubiloso: «¡El diálogo ha triunfado!», cuando el triunfo no era tan aparente.

Estas concesiones de Arias validaban la posición de Micheletti, de que no se había dado en Honduras un golpe de Estado militar, en medio de un diluvio de desinformación de los medios de comunicación internacionales que indicaban lo contrario.

Mientras muchos hondureños desconfiábamos de ese diálogo, debido a las constantes mentiras de Zelaya, Arturo Corrales nunca perdió la fe que se alcanzaría una solución.

No cabe duda de que Arturo Corrales tuvo un papel importante en lograr al fin el acuerdo con la comisión de Zelaya, por su creatividad para proponer soluciones y alternativas.

Arturo Corrales es para mí un caso ejemplar de que se puede ser optimista en situaciones difíciles sin con ello pecar de ingenuo.

Decreto de destitución de Manuel Zelaya debe ser derogado

«El Congreso debe decidir no decidir sobre la restitución de Zelaya»

Según el informe de la Biblioteca Legal del Congreso de los Estados Unidos, la destitución de Manuel Zelaya de la presidencia de la República fue legal. La tesis de Norma C. Gutiérrez, la especialista en Leyes Extranjeras autora del informe, es que aunque el Congreso hondureño no tiene la atribución explícita de destituir a un presidente, éste si tiene la facultad de interpretar la Constitución; y el Congreso al destituir a Zelaya habría interpretado implícitamente que la facultad de «improbar» la administración del Poder Ejecutivo -facultad que sí le da la Constitución- incluye la facultad de destituir a un presidente.

Sin embargo, la falla en la tesis de Gutiérrez es que el artículo de la Constitución que faculta al Congreso a interpretar la misma establece que esta interpretación se debe hacer en forma explícita, y en sesiones ordinarias del Congreso. Pero la sesión del Congreso en que se destituyó a Zelaya fue claramente extraordinaria, en el domingo 28 de junio pasado.

Esto significa que el decreto de destitución que emitió el Congreso fue ilegal.

Ahora que en el Acuerdo Guaymuras se establece que es el Congreso el que debe decidir sobre la restitución o no restitución de Zelaya a la presidencia, el Congreso tiene la oportunidad de derogar ese decreto ilegal.

Sin embargo, esto no significa que Zelaya deba ser restituido al poder. La tesis del gobierno de Micheletti es que Zelaya ya no era presidente cuando fue expulsado a Costa Rica, en virtud del artículo 239 de la Constitución de la República, que hace cesar inmediatamente en su cargo al funcionario que proponga la reelección presidencial. Si esto es correcto, la destitución de Zelaya no fue obra del Congreso, sino de la misma Constitución. Por lo tanto, Zelaya no puede ser restituido por el Congreso. El artículo 239 establece que el que incurre en el delito político de proponer la reelección queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público en un período de diez años.

Sin embargo, Zelaya puede alegar que él nunca ha violado el artículo 239, que él nunca ha propuesto la reelección presidencial. En este caso, es la Corte Suprema de Justicia la que debe pronunciarse sobre el asunto. Por lo tanto, el Congreso debe decidir no decidir sobre el asunto de la restitución de Zelaya. Debe remitirle a la Corte Suprema de Justicia esa responsabilidad.

El problema es que es dudoso que el Congreso derogue el artículo que destituyó a Zelaya con base en la argumentación que presento, ya que estaría admitiendo que se cometió un delito de usurpación de funciones.

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El regreso de Manuel Zelaya al país, el 21 de septiembre pasado, posibilitó que se reiniciara el diálogo que se había entorpecido bajo la dirección de Óscar Arias, presidente de Costa Rica y mediador con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos, y la OEA.

Manuel Zelaya ha permanecido este tiempo refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, por temor a ser capturado sobre la policía, ya que sobre él penden 18 órdenes de captura.

En el diálogo Guaymuras -que así se le llamó a estas jornadas intensivas de diálogo- tomó como base el documento conocido como «Acuerdo de San José», presentado por Arias. Se fue discutiendo punto por punto los apartados de este documento, descartando algunas partes, modificando otras. Un punto importante que se descartó fue la amnistía para ambas partes.

Pero el punto donde se estancó el diálogo fue en el asunto de la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia de la República.

Ambas partes, Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, aparecían con posiciones diametralmente opuestas, aparentemente imposibles de conciliar en un diálogo, pero la creatividad de la comisión de Micheletti fue lentamente abriendo camino para que se pudiera lograr un acuerdo.

Casi al final se decidió que una institución del Estado decidiera sobre la restitución de Zelaya. La comisión de Micheletti sugería que fuera la Corte Suprema de Justicia, pero la comisión de Zelaya insistía en que debía ser el Congreso Nacional.

Se habló también de la posibilidad de una tercería, es decir, que una persona diferente a Micheletti y Zelaya asumiera la presidencia, de acuerdo al proceso de sustitución del artículo 242 de la Constitución política de Honduras. Manuel Zelaya descartó de plano esa posibilidad, dijo que eso equivaldría a un «segundo golpe de Estado».

Zelaya dio por fracasado el diálogo el viernes 23 de Octubre, y dijo que éste se reanudaría solamente cuando el «gobierno de facto» mostrara una clara voluntad de restituirlo en la presidencia.

Fue la delegación de alto nivel del Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezada por Thomas Shannon, el cual es secretario adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental, la que logró que las partes volvieran a sentarse a la mesa del diálogo. Esta comisión vino a Honduras el martes 27 de Octubre.

En la noche del jueves 29 de Octubre, Thomas Shannon anunció que las partes acababan de firmar un acuerdo.

La solución de compromiso en el asunto de la restitución de Zelaya fue que se consultaría al Congreso sobre el tema, con una previa consulta de éste a la Corte Suprema de Justicia.

Las partes se comprometen a respetar y a cumplir la decisión que tome el Congreso. Manuel Zelaya se compromete a apoyar las elecciones que se realizarán el 29 de Noviembre, y a renunciar a su proyecto de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de crear una nueva Constitución política para Honduras. Esto deberá hacerlo aún en el caso en que el Congreso decida en forma contraria a sus aspiraciones de ser restituido en la presidencia.

En vista de este acuerdo, Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea rápidamente se comprometieron a apoyar las próximas elecciones desde ya.

¿Será restituido Zelaya?

Es la pregunta que flota en el ambiente.

Manuel Zelaya está muy optimista en que el Congreso decidirá en su favor, no obstante que fue esta institución del Estado la que lo destituyó el 28 de junio, y que juramentó a Roberto Micheletti como nuevo presidente constitucional de la República. La configuración de las fuerzas políticas no genera muchas expectativas de confirmar las esperanzas del ex-mandatario.

Tampoco se espera que la Corte Suprema de Justicia cambie de opinión al respecto. Y en el peor de los casos (o en el mejor, depende como se mire) una restitución de Zelaya por el Congreso probaría ser inefectiva si la Corte Suprema de Justicia no suspende las órdenes de captura que penden sobre el ex-mandatario, el cual ha descartado el tema de la amnistía.

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