El informe de la Biblioteca Legal del Congreso de Estados Unidos sobre el asunto de la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya, preparado por Norma C. Gutiérrez, especialista en Leyes Extranjeras, admite que «la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de conducir procedimientos judiciales en contra del Presidente» (es decir, que en Honduras no hay juicio político), y que las cortes hondureñas pueden requerir la colaboración de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo órdenes de arresto. (Art. 306 de la Constitución).

(Leer el informe en inglés y español.)

El 28 de junio el Congreso destituyó al presidente de la República. El Congreso justificó esta decisión con el artículo 205 sección 20, que da al Congreso la facultad de aprobar o improbar la conducta admnistrativa del Poder Ejecutivo. Este artículo no contempla explícitamente la posibilidad de que el Congreso pueda destituir un presidente.

Según Norma Gutiérrez, el Congreso habría interpretado tácitamente que la palabra «improbar» también incluía la posibilidad de destituir al presidente.

El Congreso tiene la facultad de interpretar la Constitución, según el artículo 205, sección 10, de la misma Constitución. Gutiérrez considera que al destituir al Presidente Zelaya, el Congreso habría hecho uso implícito de esa facultad.

El único delito que se cometió fue expulsar al señor Zelaya del país, ya que la Constitución prohibe que un hondureño sea expatriado.

Este análisis jurídico difiere de la posición oficial del gobierno de Micheletti, que pone énfasis en el artículo 239 de la Constitución como justificación de la destitución de Zelaya. Este artículo prohibe la reelección presidencial, y castiga con el cese inmediato en su cargo del funcionario que intente reformarlo.

Con base en esta interpretación se dice que Zelaya ya no era presidente cuando fue capturado por los militares y enviado a Costa Rica. El Congreso solo habría formalizado esa destitución automática de Zelaya.

Zelaya dijo públicamente por lo menos una vez que otros funcionarios del Estado podrían servir en varios períodos, y que el asunto de la reelección presidencial sería tema de la próxima asamblea nacional constituyente.

El problema con la interpretación de Gutiérrez es que el Congreso no siguió el procedimiento formal para interpretar la Constitución al destituir a Zelaya. Este procedimiento requería hacerse en una sesión ordinaria del Congreso, lo que no fue el caso cuando se destituyó a Zelaya. La sesión del 28 de junio no fue ordinaria, sino extraordinaria. La Constitución deja claro que ningún funcionario público tiene más atribuciones que aquellas que le confiere la ley.

Este es un resumen de algunos de los acontecimientos en Honduras desde el regreso de Manuel Zelaya al país hasta el día de hoy.

Mel Zelaya apareció el pasado lunes 21 de septiembre en Tegucigalpa, después de haber permanecido fuera del país por tres meses, al haber sido derrocado legalmente el 28 de junio.

En medio de una confusión inicial, en la que el gobierno de Micheletti negó en un principio su presencia, Zelaya apareció en la sede diplomática de Brasil en Tegucigalpa, después de que se dijo de que estaba en el edificio de las Naciones Unidas en la misma ciudad.

Las primeras declaraciones de Zelaya fueron las de un llamado al diálogo, sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que gritara la consigna de «Patria, restitución, o muerte», lo que constituye un claro llamado hacia la insurrección y la violencia.

Zelaya continúa atrapado en la sede diplomática de Brasil, en medio de un cerco de policías y militares, pero su presencia en el país ha envalentonado a sus seguidores para arreciar sus acciones violentas y delictivas.

Alrededor de mil personas permanecieron la noche del lunes 21 frente al inmueble diplomático, los que fueron desalojados por la fuerza a tempranas horas del martes 22 por las fuerzas del orden, luego de las acciones vandálicas en las que fueron destrozados los vidrios de los vehículos estacionados en las inmediaciones, y hasta de asaltos a los vecinos de la localidad de la embajada, que se encuentra en la colonia Palmira de Tegucigalpa.

Se dice que Zelaya esperaba la venida de medio millón de personas para recibirlo, que lo condujeran en una marcha triunfal hacia la Casa de Gobierno a reinstalarlo en el poder. Sin embargo, la asistencia fue muy pobre. Zelaya no tiene la popularidad que él cree tener.

Zelaya ha caído en una trampa, en una ratonera diplomática, en medio del hacinamiento producido por sus seguidores, que poco a poco han ido desalojando la embajada, que de llegó a tener 300 personas seguidoras de Zelaya, y que ahora alberga alrededor de 40 zelayistas, incluyendo a la esposa de éste, Xiomara Castro.

Por esta razón, el vocero alterno de Estados Unidos en la OEA considerá que la acción de Zelaya de volver al país sin un acuerdo político previo es «irresponsable y estúpida».

Manuel Zelaya, después de haber disfrutado de habitaciones de lujo pagadas con dineros del pueblo venezolano (Hugo Chávez ha patrocinado sus viajes por todo América, buscando aplicar sanciones más fuertes contra Honduras para forzar su restitución) ahora se encuentra en una situación precaria.

La violencia producido por sus seguidores llegó a los barrios de la capital el martes 22 con el saqueo de supermercados y tiendas de electrodomésticos en horas de la noche de ese mismo día.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido que se respete la sede diplomática de Brasil, y que «cese el acoso» de las fuerzas públicas hondureñas, ignorando en todo momento que es Honduras la víctima de la agresión del gobierno de Brasil, que ha permitido que su inmboliario diplomático sirva de centro de agitación política. El gobierno de Brasil todavía no ha definido el estatus legal de Zelaya, éste permanece como un huesped de la sede diplomática, y no tiene la condición de asilado.

Si la fuerza pública hondureña irrumpiera en la sede diplomática para capturar a Zelaya, esto sería perfectamente legal, ya que el recinto diplomático no tiene para Honduras la categoría de una embajada, ya que actualmente no existen relaciones diplomáticas con ese gobierno. Sin embargo, esto tendría seguramente graves consecuencias para Honduras, ya que el gobierno actual es ampliamente ignorado por los presidentes del mundo. No queremos dar ninguna excusa para que nuestro suelo patrio sea invadido.

La presencia de Zelaya en Honduras es más que una incomodidad con sus constantes llamados a la insurrección y a la violencia. Las pérdidas por los toques de queda a nivel nacional son millonarias. El vandalismo y la subversión contra el gobierno aumentó con la venida de Zelaya. Lo más conveniente hubiera sido capturar a Zelaya para someterlo a juicio, lo que podría servir de alguna manera para lavar el nombre de nuestro país, ya que se acusa al presente gobierno de haber cometido un golpe de Estado al haber expulsado del país a Zelaya, sin antes haberlo sometido a un proceso legal completo.

La noche del jueves 24, los cuatro candidatos presidenciales que se comprometieron con el presidente tico Óscar Arias de impulsar el diálogo entre el gobierno interino y Zelaya en el marco de las conversaciones de San José, se reunieron con Zelaya en las instalaciones de la embajada brasileña en Honduras. Las conversaciones se dieron en un clima de cordialidad, y aparecieron fotografías de Zelaya abrazándose con cada uno de los candidatos presidenciales. Se pensó que esto significaba una disminución de la tensión y de una pronta solución al conflicto, ya que Zelaya ha acusado a estos candidatos de ser «golpistas». Sin embargo, esta ilusión duró poco, ya que Zelaya continúo haciendo llamados a sus seguidores para «continuar la batalla» contra el gobierno interino.

Lo países de la OEA y la Unión Europea anunciaron que harían retornar a sus embajadores, que después del cambio de gobierno fueron llamados «a consultas» a sus respectivos países, y esto con el fin de presionar por la restitución de Zelaya. Sin embargo, el gobierno anunció que para admitir el retorno del personal diplomático primero deben normalizarse las relaciones con el gobierno actual. Con esto se frustan los planes de Zelaya de crear un «gobierno paralelo» con la ayuda de la «comunidad internacional».

Para este efecto, también se ha dicho que el Fondo Monetario Internacional asignaría una millonaria cantidad de dólares a ex-funcionarios del gabinete económico de Zelaya, con el fin de apoyar la política monetaria del país. Sin embargo, al no tener Zelaya acceso al Banco Central, no se sabe como haría Zelaya uso de estos recursos.

El gobierno se dio a respetar el domingo 27, cuando una comisión técnica de la OEA de cinco personas vino al país sin haber solicitado el permiso correspondiente. Cuatro de estas cinco personas tuvieron que salir del país sin haber conseguido su objetivo.

El vocero alterno de Estados Unidos ante la ONU, Lewis Anselem, dijo que esta acción del «gobierno de facto» era un insulto a la comunidad internacional. Sin embargo, no toma en cuenta que etiquetar al gobierno de Micheletti como «de facto» es un insulto contra la mayoría del pueblo hondureño, que entiende que la sucesión presidencial se hizo de acuerdo a la Constitución hondureña.

Estados Unidos también ha insultado a nuestro país al quitarle la visa a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por haber procedido de acuerdo a las leyes del país en el caso del señor Zelaya. Como ha insultado a varios empresarios hondureños, al quitarles la visa por sus opiniones políticas.

Sin embargo, como somos un país pequeño, se espera que renunciemos a nuestra dignidad y nos traguemos nuestro orgullo.

El mismo domingo 22, se anunció en cadena nacional de la existencia de un decreto del Poder Ejecutivo que restringe algunas garantías constitucionales que tienen que ver con la libertad personal, la libertad de asociación, la libertad de locomoción y la libertad de expresión. Esto se hizo ante los llamados de Zelaya a sus seguidores para hacer la batalla para una «ofensiva final» contra el régimen de Micheletti.

Se razónó que era preferible tomar estas medidas que someter a la población a largos toques de queda, como el que se adoptó el lunes 21 cuando se supo de la presencia de Zelaya en el país.

Sin embargo, la medida ha tenido una fuerte oposición en el Congreso, y en la comunidad internacional, aunque goza de una fuerte aceptación popular. El decreto de estado de sitio continúa vigente, y desde el lunes 28 fueron sacados del aire la radioemisora «Radio Globo» y el canal 36, también conocido como «Cholusat Sur». Estos medios se dedicaban a la desinformación y a la agitación política.

Ante las presiones adversas, el presidente Micheletti ha dado marcha atrás y planea derogar el controversial decreto de estado de sitio en los próximos días.

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Honduras, el señor Hugo Llorens, ha estado cabildeando con políticos y empresarios por la restitución de Mel Zelaya al poder, pero el gobierno de Micheletti continúa firme en la defensa de la libertad y la Constitución. Las medidas del estado de sitio han sido para preservar la libertad y la Constitución, no para anularlas. La figura del estado de sitio es reconocida y regulada en la Constitución hondureña en el artículo 187 de ésta, y en la constitución de otros países, y también en convenios internacionales.

Hoy finaliza el mes de septiembre, y todavía no se vislumbra una solución al conflicto.

El depuesto presidente Manuel Zelaya regresó hoy al territorio nacional y se encuentra hoy en la embajada de Brasil. Así lo ha confirmado el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly.

La Tribuna informa que Zelaya salió al balcón de la embajada brasileña a saludar a sus seguidores.

José Miguel Insulsa, el secretario de la OEA, hace un llamado a la calma tras el regreso de Zelaya a Honduras.

Más temprano en la mañana, el presidente Micheletti salió a negar los rumores de que el presidente Zelaya había retornado al país, y de que lo hubieran secuestrado a él. Sin embargo, parece ser que Zelaya está realmente en el país.

La OEA ya convocó de urgencia a una sesión extraordinaria tras el regreso de Zelaya.

Zelaya se expone a ser capturado por la policía si sale de la embajada de Brasil en Tegucigalpa. A pesar de eso, dice que planea asistir mañana a una sesión de Naciones Unidas.

«¿Fue o no fue golpe?» es una pregunta que me hecho muchas veces, sobre todo por que los seguidores de Mel Zelaya no se cansan de tildarnos de «golpistas» cada vez que tienen la oportunidad a los que apoyamos lo sucedido el 28 de junio pasado.

Tengo que reconocer que la legalidad de lo sucedido es dudosa, que hubiera sido preferible un proceso legal sin ninguna irregularidad evidente contra Manuel Zelaya, pero mi reacción desde que expulsaron a Zelaya fue una calurosa aprobación.

La crisis política no empezó, como muchos dicen, el 28 de junio, sino con una creciente actitud confrontativa del presidente Zelaya que amenazaba con llegar a niveles intolerables.

Me parece claro que la principal razón de la destitución de Zelaya no fueron tecnicismos legales, ni por la corrupción de su gobierno, ni siquiera por haber violado la Constitución (en gobiernos anteriores también hubo corrupción y violaciones a la Constitución). A Zelaya se le expulsó por la amenaza de crear un régimen chavista en el que se destruiría el actual orden constitucional para sustituirlo por un régimen de concentración de los poderes en la figura de un caudillo, y de la posibilidad de reelección permanente de este caudillo por medio de un fraude electoral.

El uso de la consulta popular solo servía para legitimar esa ambición dictatorial.

La estrategia que se siguió para detener ese proyecto autoritario fue la de invocar el respeto a la legalidad. Sin embargo, el procedimiento ilegal que se usó al expulsar a Zelaya empañó ese reclamo de respeto a la legalidad. Se denunció la contradicción de defender la ley por medio de la violación de la misma.

Pero se puede argumentar que una aplicación racional de la ley necesita hacer uso de una jerarquía de principios legales y éticos, y que a veces es necesario escoger entre un mal mayor y un mal menor.

De manera que al cometerse un delito expulsándose a Zelaya se salvó el actual orden legal, que no existiría si Zelaya hubiera cumplido su propósito de convocar una Asamblea Constituyente y disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

Esto sería un caso análogo al principio de defensa propia en el derecho penal. Al expulsar a Zelaya el sistema actuó en defensa propia para su auto-preservación.

Lo ideal hubiera sido juzgar a Zelaya dentro de territorio hondureño, pero si se le hubiera encarcelado se corría el peligro de mayor violencia y muertes.

Golpe sin ruptura del orden constitucional

Cuando se da un golpe de Estado se pierde el orden constitucional, se disuelve el poder legislativo y judicial para dar paso a un gobierno de fuerza.

Esto no ha sucedido en Honduras en este momento, por que aquí el orden constitucional con su estructura de tres poderes permanece intacto.

Lo único que hay es una controversia sobre la legitimidad del actual titular del poder ejecutivo.

Sin embargo, vemos que se insiste en afirmar que en Honduras se ha roto el orden constitucional por un golpe de Estado. Esta falsedad que se promueve en forma malintencionada resulta algo comprensible debido a que no existe un precedente histórico para la sucesión presidencial que se dio en Honduras, por lo que se ha hecho uso incorrecto del concepto de golpe de Estado, que se usaba en el contexto de la toma violenta del poder por parte de militares en América Latina.

El artículo 239

El artículo 239 de la Constitución prohibe la reelección presidencial y establece que el funcionario público que intente reformar ese artículo cesa inmediatamente en su cargo. Con base en ese artículo se dice que Zelaya ya no era presidente cuando se le expulsó del país, de manera que la sucesión presidencial que se practicó era perfectamente legal, a pesar de que la expulsión de Zelaya fue ilegal.

El problema con esta interpretación es que Zelaya se cuidó de no expresar abiertamente su intención de permitir la reelección en la nueva Constitución. Es claro que se comete un delito al intentar crear una nueva Constitución, ya que la atribución de reformar la Constitución le pertenece al Congreso, y esta reforma debe hacerse siguiendo un procedimiento pre-establecido.

Sin embargo, esta pretensión de usupar funciones del Congreso no implica una inhabilitación automática.

La declaración pública más fuerte de Zelaya en este sentido fue una en la que mencionaba que otros funcionarios del Estado podían ejercer sus funciones durante varios períodos, y que el asunto de la reelección presidencial sería tema de la próxima Asamblea Constituyente.

La intención de permitir la reelección presidencial era clara, aunque la falta de una declaración explícita de este propósito produce dudas en el uso del artículo 239 para justificar su destitución.

Si el artículo 239 no es aplicable, esto sugiere que Zelaya sigue siendo el presidente constitucional de Honduras, a pesar de sus intentos de destruir el presente orden legal, y que Micheletti es un usurpador de las funciones presidenciales.

Sin embargo existe una interpretación alternativa que dice que al momento de producirse la orden de captura contra Zelaya se produjo un vacío de poder que era necesario llenar por medio de una sucesión presidencial.

Ambas tesis son cuestionables, por lo que para aclarar si la sustitución presidencial fue legal o no, es necesario resolverlo por medio de un juicio legal. Lo mejor sería que Zelaya viniera a responder ante la justicia hondureña por las acusaciones que se le hacen. Esto aclararía definitivamente si el actual presidente de la República es legítimo o no.

El problema es que Zelaya no parece estar dispuesto a someterse a la ley, sino que sigue empeñado en desconocerla. Si Zelaya insiste en desconocer las instituciones legales hondureñas, pierde el derecho a ejercer la presidencia, y ha cometido perjurio, por que para tomar posesión de su cargo él juró cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley. Sus poderes presidenciales solo son legítimos dentro de ese marco constitucional, y en virtud de haberse comprometido a respetar ese orden. Cuando se rebela contra ese marco no tiene derecho a seguir siendo presidente.

De todos modos, ya sea que la sustitución presidencial que se dio el 28 de junio esté o no justificada legalmente, esta es un hecho consumado y el retorno al poder de Zelaya es políticamente inviable, a pesar de la presión internacional para restituirlo. Las próximas elecciones presidenciales nos darán un nuevo presidente electo libre de sospechas sobre su legitimidad, ya que el proceso electoral se está desarrollando en debida forma, y esto a pesar de las amenazas de otros países de desconocer el resultado de las elecciones.